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Las víctimas del conflicto armado interno, la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional  esperan con gran expectativa el reinicio del segundo juicio por genocidio contra el Pueblo Maya Ixil programado para el 23 de julio de 2015. El proceso fue suspendido por más de dos años por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que aducía errores de procedimiento en el primer juicio en el que fue condenado el ex jefe de Estado José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión, por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.

A año y medio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara las medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familiares –en su mayoría indígenas tolupanes–, Honduras continúa incumpliendo el mandato de este órgano internacional. No sólo no ha brindado protección física a las personas beneficiarias sino que ha omitido su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de  los graves hechos que afectan a dichos indígenas.

El Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014.

Ese día, 22 personas fueron asesinadas en el marco de una operación militar. La versión oficial aseguró que todas las muertes sucedieron como consecuencia de un enfrentamiento, sin embargo, fuentes periodísticas y el testimonio de una persona sobreviviente señalaron que una gran mayoría de las víctimas habían sido ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento. Posteriormente, un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que entre 12 y 15 de las personas muertas fueron ejecutadas en forma extrajudicial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado peruano responsable por la ejecución extrajudicial de  un miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), tras el operativo militar Chavín de Huántar en 1997, así como por la falta de una investigación diligente de estos hechos.

La Corte IDH dio a conocer el fallo hoy, el cual establece la responsabilidad internacional de Perú por la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez alias “Tito”, ocurrida luego de que éste quedó fuera de combate, lo que lo convertiría en persona protegida para el Derecho Internacional.

República Dominicana condenada por la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo el 22 de Octubre, declarando la responsabilidad internacional de la República Dominicana por violaciones de los derechos humanos de 23 personas -entre ellas 13 niños y niñas-, ocurridas como resultado de prácticas discriminatorias, expulsiones masivas, políticas de desnacionalización e incumplimiento con el deber de prevenir la apatridia. El comunicado completo aquí.