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Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas (en adelante “la Coalición”), otras organizaciones y personas interesadas, apoyamos enérgicamente cualquier iniciativa, bien parta esta de los Estados o bien de los propios órganos de protección, que suponga el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (“SIDH”). Sin embargo, dichos procesos deben llevarse a cabo de manera genuina, es decir con el propósito real de fortalecer teniendo en cuenta el objetivo último del SIDH, y las responsabilidades fundamentales que les competen a los Estados para su consecución, y no de limitar el alcance de la tutela regional de protección.
En ese espíritu, nos permitimos hacer algunas observaciones en relación al actual proceso iniciado por el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante “Grupo de Trabajo”). Las observaciones que se presentan no abarcan todos los temas planteados en el documento final del Grupo de Trabajo, así como otros desafíos que el SIDH enfrenta para asegurar el goce y disfrute de los derechos humanos en la región. Sólo aspiran a hacer llegar contribuciones fundamentales sobre algunos temas cruciales.
San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que el acto público de petición de perdón por la responsabilidad del Estado en la masacre de El Mozote representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.
Washington D.C, 11 de enero de 2012 – A diez años de la apertura de la prisión de la bahía de Guantánamo y tres años después de que el Presidente Barack Obama presentara una orden ejecutiva decretando el cierre de la prisión, ésta sigue en funcionamiento. A la fecha, 171 hombres siguen detenidos de manera indefinida en Guantánamo y los oficiales de alto rango que autorizaron el uso de la tortura durante los interrogatorios no han sido procesados. Asimismo, el 31 de diciembre del 2011, el presidente de los Estados Unidos firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2012, que legaliza oficialmente la detención indefinida de personas sin juicio previo.
Washington D.C, 22 de diciembre de 2011. – El 19 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la sentencia sobre el caso de la Familia Barrios v. Venezuela. La Corte encuentra a Venezuela internacionalmente responsable por la violación del derecho a la vida de Benito Antonio, Narciso y Rigoberto Barrios, al ser asesinados por agentes de la policía del Estado de Aragua en los años 1998, 2003 y 2005 respectivamente. Rigoberto Barrios tenía 16 años al momento de su muerte por lo cual la Corte encontró que Venezuela violó además el deber especial de protección, por su condición de menor de edad.
En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011), también fueron asesinados en circunstancias similares. En estos últimos casos el Tribunal determinó que Venezuela tenía conocimiento del riesgo que corrían sus vidas, ya que contaban con medidas de protección a nivel nacional e internacional, y el Estado no realizó acciones suficientes y efectivas para prevenir los atentados que resultaron en sus muertes, incumpliendo el deber estatal de protección.
El Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (SI) -compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) - es ampliamente reconocido como un sistema independiente y autónomo que ha proporcionado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos una última oportunidad para obtener reparación cuando las instancias locales no han funcionado o no existen. Sin embargo, el SI confronta significativos retos estructurales para consolidar y fortalecer su papel tradicional como último recurso para obtención de justicia y reparación. Uno de los principales desafíos ha sido la creación de un Fondo de Asistencia Legal para las víctimas....





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