Honduras: Corte Suprema de Justicia debe ratificar sentencias para garantizar justicia en el caso de Berta Cáceres

2 de mayo de 2024.- A 5 años de dictadas las condenas contra los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres y a casi tres años de la condena contra David Castillo, coautor del crimen, encontrados culpables en noviembre de 2018 y julio de 2021 respectivamente, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) no ha ratificado sus sentencias, obstaculizando el acceso de las víctimas, del pueblo lenca y de toda la sociedad hondureña a la justicia.

Asimismo, los procesos judiciales se han visto amenazados frente a una campaña de estigmatización y desinformación, llevada a cabo por la defensa privada de David Castillo, que, sin fundamento, pone en duda prueba decisiva que da cuenta de la culpabilidad de los imputados, el análisis de personas peritas del caso e incluso la decisión del Tribunal de Sentencia. Cuestionamientos que ya han sido desestimados por el propio Tribunal.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hacemos un llamado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a avanzar en la confirmación de estas sentencias como única ruta para reafirmar los avances en justicia alcanzados hasta la fecha en el caso por el asesinato de la defensora Berta Cáceres.

Recordamos al Estado hondureño sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular su obligación de juzgar y sancionar a las personas responsables de este crimen y de garantizar verdad y justicia a las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos. En esta línea, recordamos que desde la sentencia de Carlos Escaleras Mejía y otros vs Honduras, entre otras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la obligación del Estado hondureño a combatir la impunidad de casos contra personas defensoras de derechos humanos a través de investigaciones diligentes, la identificación, juzgamiento y sanción de las personas responsable, a través de actuar judicial imparcial y expedito que aseguren condenas firmes y aseguren el acceso a la justicia de las víctimas.

Reconocemos que la justicia obtenida hasta la fecha en este caso ha sido resultado de la incansable lucha de la familia de Berta Cáceres y las comunidades lencas organizadas en el COPINH y llamamos al Estado hondureño a no retroceder en estos avances y confirmar las sentencias de los actores identificados. Además, requerimos al Estado de Honduras a que continúe con la identificación de los actores intelectuales y la investigación de los delitos conexos al asesinato de la defensora Cáceres, así como a la cancelación de los proyectos extractivos que distan de haber sido otorgados conforme a la legislación local y a estándares internacionales, atentando contra la consulta libre e informada a los pueblos.

La causa de Berta Cáceres representa la grave situación de despojo, violencia e impunidad que enfrentan los pueblos indígenas en Honduras, así, las amenazas a la justicia en este caso impactan directamente a quienes continúan resistiendo por la defensa de los derechos humanos y el territorio en este país. En esta línea recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado que “la impartición de justicia en un caso tan paradigmático (…) es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y sus resoluciones, para la búsqueda de justicia de su familia, así como para la salvaguarda de la labor de las personas defensoras en Honduras”.

Frente a este contexto hacemos un llamado urgente a la Corte Suprema de Justicia para confirmar de manera inmediata la sentencia contra los siete autores materiales del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra David Castillo, como coautor de este crimen. Afirmar estas sentencias es imperativo para continuar avanzando hacia una justicia integral; evitar que hechos similares se repitan; y garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio puedan ejercer su labor de forma segura. Para Berta: toda la verdad y toda la justicia.