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Corte Interamericana ordena a Venezuela mantener protección a familia hostigada por policías
Washington D.C., 23 de febrero de 2010.
La ejecución de un joven beneficiario de medidas de protección internacionales, en noviembre pasado, fue la evidencia más clara del incumplimiento del Estado de Venezuela a una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger a una familia que ha sido diezmada por agresiones y ataques de presuntos agentes policiales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió el 4 de febrero pasado mantener las medidas provisionales para proteger a unos 30 integrantes de la familia Barrios. Así lo notífico la Corte IDH el pasado 18 de febrero al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y a la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión del Estado Aragua), representantes de las víctimas.
Las medidas, vigentes desde 2004, obligan al Estado a proteger la integridad física de los beneficiarios, pero aún así cinco miembros de la familia han sido ejecutados desde entonces por presuntos policías.
El pasado 28 de enero la Corte IDH convocó a las partes a una audiencia pública que se llevó a cabo en la sede del Tribunal, en San José, Costa Rica. En la audiencia, la Corte IDH constató que los beneficiarios continuaron siendo objeto de actos de hostigamiento, amedrentamiento y otras situaciones que ponen en riesgo o han afectado su vida e integridad personal. Por esa razón el Tribunal reiteró a Venezuela su obligación de adoptar, “en forma inmediata y efectiva, todas las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros de la familia Barrios”.
El Tribunal también señaló que, durante el trámite de las presentes medidas provisionales, el Estado no ha informado de manera actualizada y detallada acerca de la implementación y efectividad de las mismas a favor de los beneficiarios.
Para CEJIL y la Comisión de Aragua es fundamental que el Estado garantice que la familia Barrios pueda vivir una vida normal, sin peligro de amenazas, y que todas aquellas personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares tengan las garantías suficientes de que podrán retornar lo más pronto posible. Estos reclamos fueron recogidos en su integridad por la Corte en su Resolución sobre el cumplimiento de las medidas de protección.
El Estado deberá responder al Tribunal sobre las acciones que debe tomar para cumplir por lo ordenado por la Corte a más tardar el próximo 18 de marzo de 2010.
CEJIL y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, como representantes de la familia Barrios, saludan la Resolución emitida por la Corte Interamericana, e instan al gobierno del Estado de Venezuela a darle pleno cumplimiento.
La familia Barrios, residente en el Estado Aragua, ha sido víctima de intimidación y acoso desde que varios de sus integrantes denunciaron la muerte de Narciso Barrios, ocurrida el 11 de diciembre de 2004 a manos de presuntos policías.
En la investigación de los hechos cometidos en contra de integrantes de la familia Barrios ha quedado en evidencia la participación de funcionarios de la Policía adscritos a las Comisarías del pueblo de Guanayen y de Barbacoa, en el Estado Aragua; sin embargo, los funcionarios sospechosos de participar en los crímenes continúan trabajando en esas dependencias, lo cual agrava e incrementa la situación de vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran las víctimas.
Contacto de prensa:
Mauricio Herrera.
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
