Perú: captura de exjefe de inteligencia militar tras 23 años sin ser detenido evidencia graves fallas en el acceso a la justicia e incumplimiento internacional del Estado

• Un alto mando militar del Perú permaneció 23 años sin ser detenido pese a existir una orden judicial en su contra al ser investigado por graves violaciones a los derechos humanos.
• Durante ese tiempo señala que vivió en su domicilio y recibe una cuantiosa pensión estatal, mientras las víctimas continuaban a la espera de su captura y enjuiciamiento.
• La demora contraviene las obligaciones internacionales del Estado peruano de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Lima y Washington D.C., 4 de junio de 2026.- Desde la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) realizamos un llamado de atención por la excesiva demora injustificada en la ejecución de la orden penal dictada contra un alto militar del Perú, investigado por su participación en diversos casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que ya han sido objeto de pronunciamiento internacional. Esta dilación durante 23 años constituye una grave muestra del incumplimiento estatal de su deber de garantizar justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Enrique Oswaldo Oliveros Pérez, exjefe de inteligencia del Ejército peruano, tenía una orden de captura pendiente al estar bajo investigación por su posible responsabilidad en múltiples casos emblemáticos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Perú, incluyendo los casos de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, de Kenneth Anzualdo Castro, el profesor Najarro Rúa y Martín Javier Roca Casas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana se pronunciaron sobre la responsabilidad del Estado de Perú en estos casos y ordenaron investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables, así como remover los obstáculos que impidan el acceso a la justicia.

Contrario a ello, el Estado peruano no ejecutó oportunamente la orden penal dictada en su contra durante 23 años, hasta hace unos días, cuando fue capturado por la Policía Nacional del Perú en su domicilio, donde señala que permaneció todo este tiempo e incluso recibía su pensión del Ejército Peruano, ascendente a once mil soles (aprox. tres mil doscientos dólares), pese a la gravedad de los hechos investigados. Aunque constituye un avance importante su puesta a disposición de las autoridades, destacamos que resulta indispensable adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar que responda ante los tribunales por los hechos investigados. En este sentido, es importante asegurar que no se apliquen leyes de amnistía, prescripción u otros mecanismos que impidan la investigación y sanción de estos hechos, y así eviten que la impunidad siga consolidándose. 

Frente a esta situación, las organizaciones que suscribimos hacemos un llamado al Estado peruano para que actúe con la máxima diligencia y asegure el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación. La inacción y la demora no pueden seguir siendo mecanismos de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos.

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)