Impunidad en la ejecución de periodista Hugo Bustíos: el Tribunal Constitucional desprotege a las víctimas con liberación de Daniel Urresti 

Lima y Washington D.C., 3 de marzo del 2026.- La liberación de Daniel Urresti Elera, condenado por el Poder Judicial como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra, constituye una grave afectación al Estado de derecho y a los derechos de los familiares de las víctimas, quienes por décadas han sostenido una persistente lucha para acceder a la justicia. Al momento de su ejecución, Hugo Bustíos se destacaba como periodistas de la Revista Caretas y Presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Huanta. Había publicado una serie de artículos en las que denunciaba violaciones a los derechos humanos cometidas, especialmente, en zonas rurales. Hugo era el corresponsal de dicho medio periodístico en Ayacucho, una de las regiones del país más azotadas por el conflicto interno en dicho momento. 

 Esta liberación ilegal ha sido posible a partir de la aplicación de la Ley 32107 sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad y la interpretación adoptada por parte del Tribunal Constitucional, que habilita la prescripción de hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Con ello, el Estado de Perú incumple las obligaciones internacionales claras y vinculantes que prohíben la aplicación de figuras como la prescripción para dejar en la impunidad este tipo de crímenes. El caso fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyendo que lo ocurrido a Hugo Bustíos fue una grave violación a sus derechos humanos, especialmente en relación con su vida, integridad, libertad de expresión y la obligación estatal de investigar y sancionar a los responsables. 

 El carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad es un principio consolidado del derecho internacional, reconocido de manera reiterada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Estas obligaciones no son declaraciones programáticas: son mandatos jurídicos que obligan al Estado peruano a investigar, juzgar y sancionar de manera efectiva a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.  

 Al considerar que el asesinato de un periodista cometido por elementos militares el 24 de noviembre de 1988, en una zona bajo control militar y en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos constituye un delito común sujeto a prescripción, el Tribunal Constitucional desconoce la naturaleza jurídica de los hechos y se aparta del orden jurídico internacional, construido para proteger los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.  

 Esta preocupante decisión se sustenta en una postura negacionista frente a graves violaciones a derechos humanos cometidas en el país, adoptada por el Congreso y el Tribunal Constitucional. Dicha postura configura un nuevo camino hacia la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetradas en el Perú. Asimismo, esta decisión proyecta un mensaje incompatible con el deber del Estado de garantizar justicia y con el respeto a la dignidad de las víctimas de crímenes atroces. 

 El principio de control de convencionalidad impone a todas las autoridades, en especial a los jueces y juezas del Poder Judicial, el deber de asegurar que las normas y decisiones internas sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Ante este tipo de decisiones que están fuera de la ley los jueces del Poder Judicial tiene el deber de controlarlas convencionalmente para restablecer el orden jurídico constitucional y el que dictan los tratados internacionales de derechos humanos del que el Perú es parte.  

 Frente a este grave retroceso, las organizaciones que suscribimos y los familiares de Hugo Bustíos, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho a la verdad y la justicia, e todas las acciones legales necesarias, en el ámbito nacional e internacional, para restablecer la justicia y exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Peruano.  

 Instituto de Defensa Legal 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

Familiares de Hugo Bustíos