Organizaciones civiles exigen transparencia y participación ciudadana en elección del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela

• La renovación parcial de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y otros altos cargos del Poder Judicial ocurre en un contexto de severos cuestionamientos sobre la independencia judicial en Venezuela. Por ello, este proceso requiere reglas claras, información pública suficiente y participación de la sociedad civil.
• Las organizaciones firmantes advierten que es indispensable que este nuevo proceso adopte una ruta transparente, verificable y abierta al escrutinio público, para evitar los vicios de discrecionalidad y la exclusión ciudadana que han caracterizado a otros procesos de designación de altas autoridades en el país.

Caracas y Washington D.C. 12 de junio de 2026.- Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante el proceso de renovación parcial de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la reciente reforma a su Ley Orgánica, así como la selección de titulares para la Inspectoría general de Tribunales y la Dirección de la Escuela Judicial. Hacemos un llamado urgente a la Asamblea Nacional y a las instancias correspondientes a conducir este procedimiento conforme a los más altos estándares internacionales en materia de independencia judicial, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas.

La integración del máximo tribunal del país tiene un impacto directo en la vigencia del Estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos de la población. Por ello, la designación de sus integrantes no puede responder a dinámicas de lealtad política, sino a una evaluación rigurosa de méritos profesionales, trayectoria jurídica, independencia y solvencia ética.

Para asegurar un proceso legítimo y democrático, las organizaciones instamos a las autoridades encargadas a cumplir de manera estricta con las siguientes exigencias:

• Publicación oportuna de un cronograma claro. Es indispensable que se difunda de manera amplia y accesible el cronograma detallado y definitivo que permita conocer cada una de las fases restantes del proceso y sus plazos.
• Difusión completa de aspirantes y hojas de vida. La lista de personas postulantes debe ser pública, junto con sus hojas de vida y soportes necesarios para evaluar su trayectoria y el cumplimiento de los requisitos establecidos. El escrutinio público solo es posible si la información sobre las capacidades técnicas y la probidad de los candidatos y candidatas está plenamente accesible.
• Establecimiento de un baremo objetivo. Previo a iniciar las evaluaciones, el Comité correspondiente debe diseñar y publicar un baremo o criterios de calificación objetivos y detallados. La selección debe basarse estrictamente en el mérito profesional, la trayectoria jurídica y la idoneidad ética, cerrando el paso a decisiones discrecionales.
• Mecanismos de impugnación y respuestas fundamentadas. El proceso debe garantizar plazos, canales e instancias claras para que cualquier persona u organización civil pueda presentar objeciones o impugnaciones debidamente sustentadas respecto de postulantes que no cumplan con los requisitos de idoneidad. Asimismo, el Comité tiene la obligación de emitir respuestas fundamentadas y públicas a cada una de las impugnaciones recibidas.
• Garantía de espacios reales de participación ciudadana. El proceso debe contemplar mecanismos efectivos que permitan a la sociedad civil dar seguimiento a cada etapa, presentar información relevante, conocer los criterios de evaluación y acceder a información suficiente sobre las decisiones adoptadas. Esto es indispensable para vigilar y verificar que la selección se realice de forma transparente, imparcial y conforme a estándares internacionales.

La independencia judicial de altas cortes es especialmente relevante para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Un TSJ autónomo e independiente es una condición indispensable para garantizar su acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como para prevenir la repetición de graves violaciones de derechos humanos. Esto resulta particularmente importante en un contexto en el que persisten la criminalización y las detenciones arbitrarias por motivos políticos, prácticas represivas que no han sido erradicadas y frente a las que el Poder Judicial tiene un rol determinante.

En ese contexto, las organizaciones suscritas llamamos a las autoridades parlamentarias de Venezuela a ajustar sus actuaciones a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos que regulan la selección de personas operadoras de justicia.

Asimismo, exhortamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los mecanismos internacionales pertinentes a monitorear con especial atención este proceso de renovación del TSJ, dado su impacto definitivo y directo en la independencia institucional, la lucha contra la impunidad y la vigencia de los derechos fundamentales en Venezuela.

• Acceso a la Justicia
• Aula Abierta
• AlertaVenezuela
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
• Centro de Justicia y Paz – Cepaz
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
• CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
• CIVILIS
• COFAVIC
• Comisión Internacional de Juristas
• Espacio Público
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
• Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos)
• Robert and Ethel Kennedy Center for Human Rights