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Corte conoció el caso de 43 campesinos desaparecidos en Colombia
San José, Costa Rica, 21 de septiembre de 2005
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y la Comisión Colombiana de Juristas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de Pueblo Bello vs. el Estado de Colombia, los días 19 y 20 de setiembre. La Corte sesionó en su sede en San José Costa Rica.
El 14 de enero de 1990 en la localidad de Pueblo Bello, Antioquia, Colombia 43 campesinos, entre los que se encontraban cuatro niños, fueron detenidos, desaparecidos de manera forzada, torturados y ejecutados extrajudicialmente por miembros del grupo paramilitar los «Tangueros», dirigido por Fidel Castaño Gil. Si bien, según la investigación realizada, cerca de 60 personas intervinieron en la desaparición y ejecución, la justicia colombiana sentenció sólo a cinco de los implicados, de los cuales sólo dos están detenidos. En la incursión al poblado, los paramilitares contaron con el apoyo y la colaboración de miembros del Ejército colombiano. Ninguno de los miembros del Ejército ha sido enjuiciado ni sancionado.
El tribunal escuchó los testimonios de varios de los familiares de los desaparecidos. Algunos de ellos se vieron obligados a abandonar su pueblo, a vender sus fincas, solicitar medidas de protección e incluso exiliarse. A 15 años de los hechos, los familiares no conocen la verdad sobre lo sucedido y 37 familias aún no saben donde se encuentran los restos de sus seres queridos. La Corte pudo escuchar el doloroso relato de Nancy Amparo Guerra quien expresó que al desaparecer su padre, ella había perdido el único ser que tenía. José Daniel Álvarez, relató cómo la desaparición de su padre afectó a sus hermanos y separó su familia. Mariano Martínez, Rubén Díaz y Blanca Libia Moreno, como padres y madre de varias de las víctimas desaparecidas, hablaron de su sufrimiento, pero también de la destrucción de los proyectos de vida de sus hijos. Y Ángel Emiro Jiménez, dio a conocer su exilio.
La demanda de este caso contra Colombia fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH ante la Corte en el año 2004. Los representantes de las víctimas la presentaron, a su vez, el mismo año. Las organizaciones, en representación de los familiares de las víctimas, solicitaron a la Corte que condene a Colombia por haber incumplido sus obligaciones internacionales de acuerdo a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos al violar los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de residencia y circulación, la verdad, las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos del niño. Asimismo, le pidieron a la Corte que ordene a Colombia indemnizar a los familiares de las víctimas, iniciar una investigación que lleve al esclarecimiento total de los hechos, llevando a juicio a los responsables y estableciendo sanciones. Entre otros puntos, también se solicitó que se obligue al Estado a realizar todo lo necesario para determinar el paradero de los 37 campesinos aún desaparecidos, que se entreguen los cuerpos a sus familiares y que se pida perdón en un acto público a los familiares de las víctimas.
Por su parte el Estado de Colombia negó su responsabilidad en estos hechos. CEJIL espera que a través de la Corte se encuentre justicia para todas estas familias que no la han encontrado en 15 años de impunidad y olvido.
La Corte dictará sentencia en los próximos meses. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.
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