Sobre la derogación del Acuerdo Gubernativo 370- 2012 en Guatemala
Declaraciones de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).   Washington D.C., 14 de enero de 2013- La derogación del Acuerdo Gubernativo 370- 2012 por parte del Presidente Otto Pérez Molina es una decisión adecuada. Este acuerdo pretendía imponer serias limitaciones a los procesos de justicia y reparación para las víctimas en Guatemala.
Publicación: 14.Enero.2013

Declaraciones de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Washington D.C., 14 de enero de 2013- La derogación del Acuerdo Gubernativo 370- 2012 por parte del Presidente Otto Pérez Molina es una decisión adecuada. Este acuerdo pretendía imponer serias limitaciones a los procesos de justicia y reparación para las víctimas en Guatemala.

 

Esperamos que la decisión del Presidente se vea reflejada en un fortalecimiento de las instituciones del Estado y en mejores prácticas de los tres poderes de la República para hacer cumplir adecuadamente con las sentencias de la Corte IDH. Esperamos también que se promueva el diálogo con las diversas partes involucradas en estos temas antes de aprobar acuerdos que no respeten el derecho internacional.

 

Los incipientes logros que hemos alcanzado en materia de derechos humanos deben ser reafirmados para asegurar que no queden en la impunidad graves violaciones que impiden la consolidación de la paz, y para brindar una reparación adecuada a todas las personas que sufren violaciones de derechos humanos en el pasado y en el presente.

 

Al igual que este acuerdo, no serán legítimas las acciones que pretendan desconocer las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. A un año de haber asumido el poder, el gobierno de Guatemala tiene la tarea de garantizar la justicia, aportar a la verdad y reparar todas las violaciones, adecuar instituciones y prácticas, así como tomar decisiones que superen las profundas brechas respecto a la protección de los derechos de todos sus habitantes.


Ver comunicado anterior.