CEJIL celebra condena a Montesinos y miembros del grupo Colina en Perú
Vladimiro Montesinos, asesor del expresidente Alberto Fujimori, fue condenado el pasado 1 de octubre por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, junto a los miembros del grupo Colina, por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 15 personas, incluyendo un menor, y por herir a otras 4, en el caso Barrios Altos (1991).
Publicación: 07.Octubre.2010
FOTO: Perú21/ La matanza de Barrios Altos.

San José, 7 de octubre de 2010.- El pasado 1 de octubre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú condenó al asesor del expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y a los miembros del grupo Colina, por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 15 personas, incluyendo un menor, y por herir a otras cuatro en el caso Barrios Altos (1991), así como por las desapariciones forzadas de nueve pobladores del valle de Santa, en Ancash (1992) y del periodista Pedro Yauri (1992).

La Sala Penal Especial concluyó, como lo hizo en la sentencia contra el expresidente Fujimori, que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad. Asimismo, reconoció el uso perverso de las posiciones de poder de los acusados para dirigir y participar en el grupo Colina, al que califica como destacamento al interior de la estructura del Ejército que tenía la finalidad de eliminar los mandos de Sendero Luminoso y a todas aquellas personas sospechosas de pertenecer a dicho grupo. La Sala determinó la relación directa que tenía este grupo de aniquilamiento con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), bajo las órdenes directas de Vladimiro Montesinos, y del jefe nominal del SIN, Julio Salazar Monroe.

La sentencia, que incorpora la jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de tribunales penales internacionales, confirma la no vinculación de las víctimas a grupo subversivo alguno, y enfatiza la obligación del Estado de continuar con las investigaciones hasta el momento en el que se ubique el paradero de los desaparecidos en los casos Santa y Pedro Yauri y, en su caso, se entreguen sus restos mortales a los familiares.

Adicionalmente, por primera vez en el sistema judicial peruano, la Sala Penal emitió una serie de medidas de reparación para los casos Santa y Yauri, considerando aquellas dictadas por la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos en el año 2001. De este modo, la Sentencia dispone que los familiares de las víctimas reciban indemnizaciones dinerarias similares a las ordenadas por la Corte Interamericana para las víctimas de Barrios Altos, así como prestaciones gratuitas en educación y salud.

CEJIL representó, junto con APRODEH y otras organizaciones peruanas, a los familiares de las víctimas en el caso Barrios Altos ante la Corte Interamericana. La sentencia emitida por la Corte en el caso, en marzo de 2001, constituyó un punto de inflexión para revertir los efectos de las leyes de amnistía, no sólo en Perú, sino en toda la región. En su sentencia, la Corte dispuso que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”.

Según Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema constituye un importante logro para las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y el sistema de justicia peruano en la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos; máxime cuando ello se da en un contexto en el que el gobierno peruano sigue intentando emitir normas que, de facto, buscan la impunidad. Con este paso Perú reafirma su liderazgo en la voluntad de investigar y castigar a aquellos vinculados a gravísimas vulneraciones a la dignidad humana”. Por otra parte Krsticevic señaló la importancia de que el fallo sea ahora ratificado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ante el recurso de nulidad presentado por los sentenciados. Asimismo, la sentencia debe servir como ejemplo a seguir en materia de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos por otras instancias judiciales dentro y fuera del Perú.

El caso Barrios Altos se refiere a la ejecución extrajudicial de 15 personas, entre ellas un menor, y cuatro heridos de manos de miembros del grupo Colina, mientras realizaban una fiesta popular en un solar ubicado en el lugar conocido como Barrios Altos, el día 3 de noviembre de 1991.