27 de agosto de 2009 Comunicado de Prensa

Perú no ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones

Lima, Perú

Hoy se cumplen dos años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera su sentencia en el caso La Cantuta, en la cual determinó que Perú incurrió en responsabilidad internacional por la ejecución extrajudicial y posterior desaparición forzada, de nueve estudiantes y un profesor pertenecientes a la Universidad Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta, por miembros del Grupo Colina. Los crímenes, cometidos en 1992, fueron calificados por el alto Tribunal internacional como crímenes de lesa humanidad.

A dos años de la sentencia, las autoridades peruanas han logrado ciertos avances en cuanto al cumplimiento de algunas de las medidas de reparación impuestas por la Corte. Sin embargo, las organizaciones firmantes mostramos nuestra preocupación por la falta de implementación por parte de las autoridades peruanas respecto de aquellas medidas que implican el pago de indemnizaciones por daño material, inmaterial, gastos y costas a los familiares de las víctimas, así como otras que Perú todavía no ha cumplido alegando falta de recursos públicos para su ejecución.

Esta situación reviste gran gravedad toda vez que, no sólo el Estado ha excedido el plazo impuesto por la Corte para la ejecución de dichas medidas, sino que en el actual contexto de crecimiento económico que vive Perú, y que ha logrado reconocimiento internacional, es injustificable que las autoridades aleguen la no disponibilidad de recursos públicos para el cumplimiento de los pagos pendientes.

En este sentido, es preciso recordar que las decisiones de la Corte Interamericana son de carácter vinculante, definitivo y ejecutivo, y que Perú tiene la obligación de cumplirlas de buena fe, sin alegar disposiciones u obstáculos internos para justificar su incumplimiento. La Cantuta es uno de los casos en que el Estado peruano ha incumplido las reparaciones impuestas por la Corte Interamericana, incluyendo otros como Gómez Palomino, Baldeón García, y Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, entre otros.

Considerando el retardo incurrido por las autoridades peruanas en la ejecución de las medidas que requieren la dotación de recursos públicos, APRODEH y CEJIL hacen un llamamiento al Estado para que, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, adopte con carácter urgente las disposiciones que posibiliten el cumplimiento de todas las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana en su sentencia.

 

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