Organizaciones reconocen importante resolución aprobada por la OEA sobre Nicaragua

Ciudad de Panamá, 24 de junio de 2026- Los Estados miembros aprobaron una declaración que condena las violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua en la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). La resolución retoma los hallazgos de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas. El GHREN advirtió que “las violaciones investigadas desde 2018 constituyen, prima facie, los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, deportación, desaparición forzada y persecución por motivos políticos”, y que las mujeres y las personas LGBTIQ+ han sido objeto de persecución política con dimensiones de género específicas y efectos diferenciados.

La declaración de la OEA condena el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura y exige  al Estado nicaragüense la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente o de forma injusta, incluidas quienes fueron sometidas a desaparición forzada. Asimismo, insta al Estado a respetar el debido proceso y todas las garantías legales del derecho nacional e internacional de derechos humanos.

Asimismo, la Asamblea General lamentó la muerte bajo custodia estatal de Brooklyn Rivera, líder miskitu y presidente de Yatama, tras permanecer en situación de desaparición forzada por más de dos años. Los Estados expresaron su preocupación por este caso,  ocurrido pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mediante las cuales solicitó al Estado informar sobre las condiciones de detención y garantizar la protección de su vida e integridad personal.

En línea con las conclusiones del GHREN, la resolución reconoce que el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos fue cometido con una dimensión de género, y que “las medidas adoptadas por el Estado han tenido por objeto silenciar las voces de las mujeres y las personas LGBTIQ+, desmantelar las redes dirigidas por feministas y disuadir la participación política de las mujeres y las personas LGBTIQ+”.

La declaración exige a Nicaragua cesar las medidas de despojo de nacionalidad, restituir la nacionalidad e identidad jurídica a quienes se les ha privado arbitrariamente y garantizar el retorno seguro de los y las  nicaragüenses en exilio que deseen retornar. También demanda el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, sin temor a represalias ni a la persecución.  La OEA hizo un llamado al restablecimiento de los derechos de libertad de asociación, reunión pacífica, la libertad de expresión y religiosa. Asimismo, consideró necesaria la protección y funcionamiento independiente de los medios de comunicación y promover la plena participación de la sociedad civil del país, como pilares democráticos.

Finalmente, la resolución reconoce los esfuerzos de la comunidad internacional en favor de las personas nicaragüenses en condición de migración forzada y exilio e invita a los Estados miembros a continuar brindando apoyo, protección y asistencia a la ciudadanía nicaragüense que enfrenta riesgos fuera de su territorio. Asimismo, encomienda al Consejo Permanente  continuar observando la situación de Nicaragua e informar regularmente a los Estados Miembros de su evolución.

Las organizaciones firmantes celebramos la adopción de esta resolución, que reafirma el compromiso de los Estados de la región con la protección de los derechos humanos, la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad en Nicaragua. Valoramos especialmente el reconocimiento de los hallazgos de los mecanismos internacionales de investigación y el llamado a poner fin a prácticas como la desaparición forzada, la persecución política, la desnacionalización y el exilio forzado. En un contexto de profundización de la represión y cierre del espacio cívico, esta resolución constituye un mensaje claro de respaldo a las víctimas y de exigencia al Estado nicaragüense para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Firman

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos – IM-Defensoras

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua