4 de agosto de 2026 Comunicado de Prensa

Organizaciones denuncian ante la CIDH el avance de la política extractiva en Nicaragua y sus consecuencias para los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes

Washington DC, 4 de agosto de 2026. En el marco del 196º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el  3 de agosto se celebró una audiencia pública en la que organizaciones de derechos humanos y ambientales expusieron las principales afectaciones derivadas del avance del modelo extractivo en Nicaragua.

 

En la audiencia participaron el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad),  la Fundación del Río (FdR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes presentaron hallazgos y testimonios sobre las consecuencias territoriales, ambientales y sociales de la actividad minera en Nicaragua.

 

Las organizaciones enfatizaron que esta situación tiene raíces en un incumplimiento histórico del Estado de Nicaragua, debido a la falta de conclusión del proceso de saneamiento de los territorios titulados bajo la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas (Ley 445), así como la ausencia de un marco legal que reconozca y proteja los derechos territoriales de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país.

 

Señalaron que las reformas constitucionales y legales, impulsadas en los últimos años por el Gobierno de Nicaragua, han profundizado el debilitamiento de la autonomía de la Costa Caribe y han reducido la capacidad de decisión de las autoridades indígenas y afrodescendientes sobre sus propios territorios. Para las organizaciones, la expansión minera representa la continuidad de un modelo extractivista que impulsa la explotación de los bienes naturales por encima de los derechos colectivos e individuales de los pueblos.

 

Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, expresó que la ausencia de saneamiento ha permitido el avance de colonos no indígenas, dejando a las comunidades totalmente desprotegidas.

 

“Lejos de corregir esa deuda histórica, el Estado ha profundizado el debilitamiento de las garantías territoriales. Las recientes reformas constitucionales y legales han desmantelado el régimen de autonomía de la Costa Caribe, subordinando a los Consejos Regionales y las autoridades comunales y territoriales al poder central y vaciando de contenido los mecanismos de participación y decisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre sus propios territorios”, dijo Quesada.

 

Agregó que este proceso ocurre en un contexto de cierre absoluto del espacio cívico y de represión, que se traduce en “la persecución y criminalización de sus liderazgos. Asimismo, la invasión de los colonos somete a estas comunidades a una violencia sistemática, incluyendo violencia sexual y asesinatos”.

 

Por su parte, Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, reiteró que la política estatal extractivista ha removido progresivamente las salvaguardas para la protección de los territorios indígenas y afrodescendientes como la eliminación de controles ambientales y territoriales —incluidos los estudios de impacto ambiental previos para proyectos mineros y la consulta pública obligatoria—, y la modificación de la estructura institucional para concentrar el control minero.

 

Ruiz advirtió que la expansión del modelo extractivo ha intensificado el uso de mercurio y cianuro en la actividad minera, además de propiciar la persistencia del trabajo infantil en las zonas de explotación. Asimismo, señaló que, por primera vez, la legislación permite el desarrollo de actividades mineras dentro de áreas naturales protegidas.

 

Como consecuencia de este modelo, Ruiz señaló que actualmente 75 lotes mineros afectan 19 áreas protegidas y dos reservas de biósfera, comprometiendo más de 900,000 hectáreas. Entre las áreas impactadas se encuentran la Reserva de Biósfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz, dos de los principales remanentes de bosque del país.

 

Alejandra Manavella, de CEJIL, explicó que las consecuencias de la expansión minera  se reflejan en la transformación de los territorios, así como la afectación de los ecosistemas de los que dependen estas comunidades. Señaló que actualmente existen 62 lotes mineros que afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25.5% de las tierras comunales. Además, indicó que estas concesiones impactan 163 ríos, 80 quebradas y 1,900 km de red hídrica y afectan Bosawas y Río San Juan.

 

Manavella advirtió que este modelo extractivista se relaciona con procesos de desplazamiento forzado, violencia y criminalización de quienes defienden los territorios. Entre 2013 y 2024, al menos 69 personas indígenas fueron asesinadas en este contexto. Asimismo, señaló los casos de Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth y los ocho guardabosques mayangnas como ejemplos de persecución contra liderazgos indígenas.

 

Esto sumado al avance de la frontera agrícola, invasión de colonos y la migración ambiental, que afecta especialmente a las mujeres indígenas y afrodescendientes.

 

Como parte de la audiencia, Lee Bell, asesor técnico y de políticas de International Pollutants Elimination Network (IPEN), presentó de forma virtual los resultados de un estudio piloto sobre concentraciones de mercurio en mujeres indígenas nicaragüenses en edad fértil que habitan una zona donde se practica la minería a pequeña escala, en el Caribe Norte del país. El video de la presentación con subtítulos en español puede verse aquí.

Por  parte de la CIDH, la Comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua, recordó que la Comisión ha documentado de manera reiterada que, en el contexto de consolidación del régimen autoritario, los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan un patrón de despojo territorial, violencia, debilitamiento de su autonomía y persecución de sus liderazgos, agravado por la expansión de actividades extractivas sin respeto de las garantías de consentimiento libre, previo e informado.

La Comisionada Marion Bethel, Relatora sobre los derechos de las mujeres, solicitó profundizar en los efectos del uso del mercurio en la actividad minera y su impacto en la salud, especialmente de mujeres, niñas y niños. Asimismo, expresó preocupación por las consecuencias que esta actividad tiene en el incremento de la violencia de género en las comunidades afectadas.

La Comisionada también consultó sobre el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países al sector minero nicaragüense, y cómo estas inciden en el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, considerando que parte de los minerales extraídos continúa llegando a mercados internacionales. Finalmente, pidió aclaraciones sobre el uso y la extracción de agua por parte de las empresas mineras, en particular respecto a las autorizaciones y concesiones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para el desarrollo de estas actividades.

Por su parte, Javier Palummo, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), expresó que la discusión no solo se reduce a explotaciones mineras e impactos ambientales, sino que abarca un problema de gobernanza territorial y de distribución del poder.

“Cuando las concesiones se superponen con territorios colectivos, con áreas protegidas, cuando se debilitan los mecanismos de evaluación ambiental, de transparencia, participación, especialmente en contextos de cierre de espacios cívicos, este tipo de circunstancias dan lugar a situaciones de violencia contra las personas defensoras, desplazamiento, violencia contra las comunidades y se encuentra comprometida no solo la propiedad colectiva, la libre determinación, el derecho al ambiente sano, el agua, la salud, la alimentación, sino también las posibilidades de que las comunidades se desarrollen en condiciones de dignidad”, dijo Palummo

Al concluir la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH fortalecer el monitoreo sobre la situación de Nicaragua, incorporando de manera específica los impactos de la expansión minera sobre los territorios indígenas y afrodescendientes, articular el seguimiento con la supervisión del cumplimiento de la sentencia Awas Tingni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fortalecer la coordinación con los mecanismos del Sistema Universal de Naciones Unidas para reforzar el escrutinio internacional sobre Nicaragua. También se pidió a la Comisión que exhorte a los los países  miembros de la OEA involucrados en la industria minera, como capital de origen o destino de los minerales, para que garanticenque las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.