Organizaciones alertamos ante la CIDH la cooptación de la Defensoría del Pueblo en Perú y valoramos la visita anunciada al país

Ciudad de Guatemala, Guatemala, 10 de marzo de 2026.- Durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones peruanas e internacionales alertamos sobre el progresivo debilitamiento de la Defensoría del Pueblo en el Perú y su apartamiento de su mandato constitucional, como institución clave para la protección de los derechos humanos y la supervisión de la actuación estatal.

En particular, señalamos que este debilitamiento se profundizó tras el nombramiento del actual titular de la institución, en medio de un proceso cuestionado por su falta de transparencia y por la ausencia de garantías de idoneidad e imparcialidad. En ese contexto, también informamos sobre la solicitud de revisión del estatus de acreditación “A” de la Defensoría del Pueblo ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), mecanismo que evalúa la independencia y el cumplimiento de estándares internacionales de estas instituciones. Cabe recordar que el Defensor del Pueblo es un actor político partidario, denunciado constitucionalmente hoy en día, y con denuncia ética ante un colegio de abogados por conflicto de interés en su actuación frente a la ley de extinción de dominio que no solo perjudicó la actuación de la justicia en estas causas, sino que además favorecía a su familiar. 

Por su parte, el Estado, representado por el propio Defensor del Pueblo, sostuvo que su elección se realizó conforme a los procedimientos constitucionales y defendió la legitimidad de su gestión. Asimismo, reafirmó la importancia de las instancias internacionales de protección de derechos humanos y expresó su respaldo a la próxima visita a país  que la CIDH realizará en el Perú durante el segundo semestre de 2026.

Sin embargo, las organizaciones subrayamos que la actuación reciente de la Defensoría contrasta con sus palabras y con el rol histórico que esta institución ha desempeñado como fuente técnica confiable, contrapeso democrático y aliada de las víctimas ante el Sistema Interamericano. Durante años, la Defensoría fue un actor clave en la documentación de violaciones de derechos humanos y en la promoción de estándares de protección, papel que ha dejado de cumplir desde la designación del actual Defensor del Pueblo en mayo del 2023 por el Congreso de la República, en medio de serios cuestionamientos y medidas cautelares ante problemas de la elección.

En esa línea, durante la audiencia presentamos distintos ejemplos que reflejan esta situación. Entre ellos, mencionamos la falta de pronunciamiento frente a normas que favorecen la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos, el respaldo a iniciativas que debilitan la independencia judicial y fiscal, así como omisiones frente al ataque sistemático contra al derecho a la igualdad de género entre otras vulneraciones que afectan a personas y grupos en especial situación de vulnerabilidad. Todo ello vulnera los Principios de París. 

Asimismo, advertimos que la situación de la Defensoría no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de deterioro del Estado de derecho y de erosión de los mecanismos de control institucional en el Perú, particularmente sensible ante las elecciones generales previstas para abril de 2026.

En respuesta a estas preocupaciones, la Comisión destacó la importancia de que las instituciones nacionales de derechos humanos actúen con independencia, imparcialidad y capacidad técnica para cumplir efectivamente su mandato, y subrayó la necesidad de garantizar la autonomía y el adecuado funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, valoramos  el anuncio de la CIDH de realizar una visita a país al Perú y manifestamos nuestra disposición a acompañar ese proceso, que constituye una oportunidad clave para que la Comisión cuente con información directa sobre la situación de derechos humanos en el país. Esta visita, además, se inscribe en el seguimiento sostenido que la CIDH ha realizado sobre la situación peruana durante los últimos años y responde a sendos pedidos de la sociedad civil.

En ese marco, reiteramos el llamado a que la CIDH evalúe la inclusión del Perú en el Capítulo IV.B de su informe anual. La inclusión en este capítulo y la realización de visitas in loco no son mecanismos excluyentes; por el contrario, son herramientas complementarias del Sistema Interamericano para fortalecer el monitoreo de la situación de derechos humanos en el país.

• Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
• Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. 
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Grupo de ex titulares de la Defensoría del Pueblo
• Instituto de Defensa Legal (IDL)