Audiencia ante la CIDH revela patrón de criminalización y hostigamiento contra Fundación Pachamama en Ecuador

• La audiencia evidenció un patrón persistente de criminalización y hostigamiento contra Fundación Pachamama que inicia desde su cierre arbitrario en 2013 hasta las nuevas represalias de 2025.

• El Estado ecuatoriano ha usado bloqueos financieros, inteligencia “secreta” e investigaciones penales para obstaculizar y poner freno al trabajo de la Fundación.

• Se solicitó a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones ocurridas, ordene la reparación integral a las víctimas y adopte todas las medidas necesarias para garantizar la no repetición.

Miami, Estados Unidos, 17 de noviembre de 2025.- Hoy se llevó a cabo la audiencia pública “Ecuador: personas afectadas por el cierre de la Fundación Pachamama” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 194° Período de Sesiones. En ella, desde Fundación Pachamama y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expusimos como a más de una década tras su cierre arbitrario en 2013, la organización sigue siendo objeto de represalias y nuevas formas de persecución por parte del Estado ecuatoriano. 

Durante la audiencia se presentó información sobre la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de derechos humanos derivadas del cierre arbitrario de la Fundación en 2013, cuando se canceló su personería jurídica y se desalojaron sus oficinas sin notificación previa, acceso a un proceso administrativo ni posibilidad real de defensa. Esta medida se fundamentó en el Decreto Ejecutivo 16, que establecía causales ambiguas para la disolución de organizaciones sociales, como “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida” y “dedicarse a actividades de política partidista”. En diciembre de ese año, agentes estatales vestidos de civil ingresaron sin orden judicial, obligaron al desalojo e impidieron al personal retirar sus pertenencias, en un contexto de estigmatización pública. Tras la derogación del Decreto 16 en 2017, se restituyó la personería jurídica de la Fundación y se reconoció el carácter arbitrario de la disolución, aunque esto no implicó una reparación integral ni garantías efectivas de no repetición.

En la actualidad, la Fundación enfrenta un nuevo ciclo de criminalización y asfixia económica al amparo de un marco normativo regresivo. Desde 2024 nuevas regulaciones, como la llamada Ley de Transparencia Social, han incrementado los controles, las facultades de sanción y los mecanismos expeditos para suspender o disolver organizaciones. En este contexto, el 18 de septiembre de 2025 la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) ordenó la inmovilización total de las cuentas bancarias de la Fundación Pachamama como medida cautelar extraordinaria, junto con el bloqueo de cuentas de al menos 50 personas, organizaciones indígenas y colectivos ambientalistas, basándose en informes de inteligencia declarados “secretos” por diez años. Aunque el 6 de noviembre un juez ordenó levantar la medida por falta de sustento, las cuentas de la Fundación llevan 59 días sin ser efectivamente reabiertas, lo que la obligó a desvincular al 75% de su personal y destinar casi todos sus esfuerzos a defenderse del propio Estado. Cristina Melo, abogada de la Fundación Pachamama afirmó que “la reiteración de imputaciones severas, sin ningún sustento fáctico y aplicadas a decenas de personas defensoras, refleja cómo la estigmatización generada en 2013 contra Fundación Pachamama, sigue siendo instrumentalizada para limitar y desacreditar la labor legítima de defensa de derechos humanos y de la Naturaleza en el Ecuador”. 

Además, se informó que Belén Páez, vicepresidenta y vocera de la Fundación Pachamama, enfrenta una investigación penal por enriquecimiento privado no justificado junto con decenas de personas defensoras indígenas y ambientales, y que el 31 de octubre de 2025 se abrió una segunda investigación penal contra la Fundación por el delito de financiamiento del terrorismo. Estas imputaciones severas, sin sustento fáctico claro y apoyadas en información secreta, fueron presentadas durante la audiencia ante la CIDH como parte de un uso arbitrario del derecho penal, de los bloqueos financieros y de la inteligencia estatal para silenciar a quienes defienden derechos humanos, los territorios indígenas y la Amazonía. Al respecto, Florencia Reggiardo, abogada de CEJIL, subrayó ante la Comisión: “Este caso demuestra, con una claridad preocupante, cómo la ausencia de garantías de no repetición ha permitido que las mismas violaciones que ocurrieron hace diez años se repitan hoy. Estamos frente a un patrón que persiste y se intensifica en Ecuador.”

Desde Fundación Pachamama y CEJIL solicitamos a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por violaciones graves a la libertad de asociación, al derecho de reunión, a la libertad de expresión, al derecho a la propiedad, a la integridad personal y al derecho autónomo a defender derechos humanos entre otros, y que ordene reparar integralmente a las víctimas, así como adoptar medidas legislativas, administrativas e institucionales para garantizar la no repetición.