17 de diciembre de 2020 Blog Por washington@cejil.org

Acceso a vacuna, patentes y derecho a la salud: lecciones de la respuesta al VIH para enfrentar la COVID19

17.Diciembre.2020

«Al enfrentarnos al COVID19, debemos aprender las dolorosas lecciones de una historia de acceso desigual al tratamiento del VIH», dijo la directora de ONUSIDA, Winnie Byanyima en julio de este año. «Millones de personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA mientras había medicamentos disponibles que podrían haberles salvado la vida. Esto no debería pasar con Covid” señaló.

Efectivamente, las experiencias del pasado nos deberían dar una luz para enfrentar la actual pandemia. En este blog quisiera abordar estas afirmaciones tomando en cuenta los aprendizajes de la lucha por el acceso a medicamentos antirretrovirales para el VIH. Estas experiencias nos pueden dar algunas respuestas al reto que significa garantizar de forma equitativa el acceso a una eventual vacuna para la COVID19.

Durante las últimas décadas se ha dado un fuerte debate en torno a la relación que existe entre la propiedad intelectual (PI) y el acceso global al derecho a la salud. Esta discusión ha sido más intensa respecto al impacto que las patentes han tenido en el acceso a medicamentos para tratar el VIH, particularmente en los países del sur global.

Para tener un poco de contexto, pese al desarrollo de un tratamiento efectivo desde finales de los años 90, el VIH continúa afectando seriamente la vida de millones de personas, en parte porque asegurar su acceso a quienes padecen la infección sigue siendo un reto a nivel mundial. Así, de acuerdo con ONUSIDA , para inicios de 2020 cerca de 12.6 millones de personas seguían sin poder acceder a antirretrovirales.

Uno de los grandes obstáculos para ello han sido los regímenes de patentes. Académicos, defensores y activistas de derechos humanos han demostrado que estos regímenes, sumados a otros factores estructurales como la corrupción y las presiones por parte de grandes farmacéuticas, derivan en el incremento excesivo del precio de medicamentos para tratar la pandemia. Ello ha resultado en que los países más empobrecidos se vean imposibilitados de destinar de forma eficiente sus pocos recursos económicos para fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud, y asegurar medicamentos asequibles para tratar y controlar la infección (Shadlen, 2017; Westerhaus and Castro, 2006; Narula, 2011; Hoen, 2011).

Dos casos emblemáticos capturan esta relación. El caso de Sudáfrica que data de 1997, conocido también como el caso de las Farmacéuticas contra el Estado Sudafricano, y el caso de Guatemala, un ejemplo más reciente analizado por la Corte Interamericana en el marco del caso Cuscúl Pivaral y otros. En ambos países la legislación en materia de PI tuvo y tiene efectos negativos en el suministro de tratamiento para el VIH.

En el marco de la crisis que hoy enfrenta el mundo por la COVID19, el debate tomó nuevamente fuerza, principalmente por los retos que presenta la pandemia para garantizar el derecho a la salud, y, en particular por el reto que significa garantizar a la población mundial el acceso equitativo y asequible a una eventual vacuna.

En marzo de 2020, los Estados integrantes del llamado G20, emitieron una declaración en la que se comprometían a «hacer lo que sea necesario» para superar la pandemia, proporcionar recursos inmediatos para la investigación y garantizar, entre otras cosas, el acceso a una futura vacuna a un precio asequible, sobre una base equitativa.

Estos compromisos representaron una oportunidad para abordar las barreras que la PI podría imponer para responder a la COVID19. En este contexto, en marzo de este año, el Gobierno de Costa Rica solicitó a la OMS que creara un fondo común voluntario para recopilar derechos de patente, datos de pruebas reglamentarias y otra información que pudiera compartirse para el desarrollo de medicamentos, vacunas y diagnósticos. La propuesta fue apoyada por muchos Estados, principalmente del sur global, y académicos de todo el mundo (Bassi y Hwenda, 2020; Hoen, 2020). Como resultado de ello, el 29 de mayo se puso en marcha el COVID-19 Technology Access Pool que serviría para tales efectos.

Esta propuesta fue lanzada pocos días después de que se celebrara la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, en la que 130 Estados miembros de la OMS aprobaron una resolución histórica que declaró la inmunización extensiva contra COVID19 como un bien público mundial, una vez que se disponga de vacunas eficaces. Sin embargo, la iniciativa fue criticada y calificada de «tontería» por grandes empresas farmacéuticas que se opusieron a compartir información, incluidos los derechos de patente y datos de ensayos. Esta oposición fue apoyada por los países desarrollados con capital farmacéutico, como Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, que sostienen que «necesitan patentes para garantizar precios suficientemente altos en las naciones ricas para recuperar sus costos de investigación y desarrollo«. Los mismos argumentos que se han puesto sobre la mesa desde los años años 90 en relación con el tratamiento para el VIH y que han sido ampliamente debatidos por académicos y activistas.

Además, farmacéuticas que ya están a la vanguardia del desarrollo de una vacuna, como AstraZeneca, han declarado que apoyan los esfuerzos para garantizar su acceso, al mismo tiempo que condenan la iniciativa de Costa Rica.

El debate también tuvo lugar en el Consejo sobre los Acuerdos de los aspectos para protección de PI de la Organización Mundial del Comercio, que celebró reuniones sobre esta cuestión debido a una petición formulada por Sudáfrica. Durante una reunión del Consejo, celebrada el 30 de julio, Sudáfrica hizo una declaración en la que señaló «que la OMC debería ser consciente de los obstáculos de PI en relación con los productos médicos esenciales necesarios para contener la pandemia y adoptar medidas urgentes para hacerles frente de manera integral», mientras que el Gobierno de los Estados Unidos se opuso firmemente a esa idea.

Pese a la oposición, la experiencia con el VIH y el Medicines Patent Pool (MPP), ha demostrado que herramientas como la propuesta por Costa Rica son compatibles con las normas comerciales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Cabe recordar que la gran mayoría de Estados se han comprometido a garantizar el acceso a medicamentos esenciales como parte del derecho a la salud, y que cuando se trata de pandemias, su acceso está por encima de cualquier norma comercial, según la propia Declaración de Doha.

El MPP es una entidad respaldada por las Naciones Unidas y financiada por UNITAID, que agrupa las licencias de patentes para la producción y el suministro de medicamentos esenciales y fue creada en 2010 en el contexto de la crisis del VIH. Como explica Hoen, esta fue una respuesta de los años previos de activismo que exigían a los Estados un cambio en la forma de enfocar la salud pública y las patentes.

La entidad negocia de forma colectiva con los propietarios de patentes con el fin de obtener licencias para permitir la producción de medicamentos genéricos a gran escala y que estos puedan ser distribuidos en países de medios y bajos ingresos. Ello permite la competencia entre grandes farmacéuticas y productoras de genéricos, lo que conlleva a la reducción de los precios. Desde que se creó el MPP, cerca de 9.59 billones de dosis de tratamientos genéricos han sido distribuidos a bajo costo en países del sur global, lo que ha impactado positivamente en la contención del VIH. Tomando en cuenta esta experiencia, la propuesta realizada para abordar la COVID19 ha sido señalada como un paso vital para asegurar la distribución equitativa de una futura vacuna.

Al respecto Anna Marriott, directora de políticas de salud de Oxfam, expresó que «la manera más rápida de hacer llegar una vacuna a cada persona, en cada país, es que cada empresa y organización involucrada en la investigación y el desarrollo comparta sus conocimientos, sus datos y sus patentes». Esto también podría impulsar la producción de vacunas y tratamientos en todo el mundo. De lo contrario, es muy probable que cuando haya una vacuna o un tratamiento eficaz, el acaparamiento y la escasez terminen afectando a los mismos países de siempre, tal como señaló la experta en propiedad intelectual de UNITAID Karin Timmermans.

En un camino doloroso, hemos aprendido que los regímenes de PI pueden imponer obstáculos para asegurar el acceso a medicamentos esenciales. De ahí que, herramientas como el MPP han probado ser una opción eficiente para abordar este problema, y podrían ser clave para atender la actual pandemia una vez que esté disponible la vacuna. En este panorama no debemos olvidar que asegurar el acceso a un tratamiento o vacuna es un derecho humano, un elemento fundamental del derecho a la salud, que debe ser garantizado por todos los Estados, por sobre cualquier interés comercial.

Referencias

• Bassi, L., and Hwenda, L. (2020). COVID-19: time to plan for prompt universal access to diagnostics and treatments. The Lancet Global Health, 8(6), e756- e757. doi: 10.1016/s2214-109x(20)30137-6
• Hoen, E.(2020). Protect against market exclusivity in the fight against COVID- 19. Nat Med 26, 813 .Available at: https://doi.org/10.1038/s41591-020-0876-6
• Hoen, E., Berger, J., Calmy, A., and Moon, S. (2011). Driving a decade of change: HIV/AIDS, patents and access to medicines for all. Journal of the International AIDS Society, 14, 15.Available at: https://doi.org/10.1186/1758-2652-14-15
• Narula, Smita. (2011). The Rights-Based Approach to Intellectual Property and Access to Medicine: Parameters and Pitfalls (September 6, 2011); Balancing Wealth and Health: The Battle over Intellectual Property and Access to Medicines in Latin America, Rochelle Dreyfuss, César Rodríguez Garavito, eds., 2011; NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 11-60. Available at: https://ssrn.com/abstract=1923299
• Perehudoff, K., and Sellin, J. (2020). COVID-19 Technology Access Pool (C- TAP): A Promising Human Rights Approach [Blog]. Health and Human Rights Journal. Available at: https://www.hhrjournal.org/2020/06/covid-19-technology- access-pool-c-tap-a-promising-human-rights-approach/
• Shadlen, K. (2017) Coalitions and compliance; the political economy of pharmaceutical patents in Latin America. First Edition, Oxford University Press
• Westerhaus, Michael and Castro, Arachu (2006). How do Intellectual Property Law and International Trade Agreements affect access to antiretroviral therapy?. Plos medicine, policy forum, August 2006, Volume 3, Issue 8.