7 de septiembre de 2009 Comunicado de Prensa

Venezuela reconoció su responsabilidad internacional por violación de derechos humanos en audiencia ante la Corte Interamericana

El día de hoy se llevó a cabo una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a una masacre ocurrida en una cárcel venezolana. Se trata éste del cuarto caso venezolano que llega a conocimiento del alto tribunal internacional. La demanda contra el Estado venezolano fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mientras que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) participan del caso en calidad de representantes de las víctimas. Invitada por el gobierno de Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra sesionando en la ciudad de Buenos Aires, en la sede de la Corte Suprema de Justicia de dicha ciudad.

 

El caso Retén de Catia se remonta al año 1992 cuando, durante el intento de golpe de estado contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Peréz, tuvieron lugar una serie de hechos violentos en el centro de detención Retén de Catia, ya desaparecido, que culminó con la ejecución de al menos 63 reclusos por parte de agentes de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana y custodios del Retén quienes se excedieron en el uso de la fuerza. Después de cuatro años de impunidad, el caso fue presentado a la CIDH. Durante el proceso de solución amistosa Venezuela aceptó su responsabilidad internacional en los hechos. Sin embargo, no cumplió con los compromisos asumidos en el marco de la búsqueda de solución amistosa, lo que motivó que la CIDH, a solicitud de los representantes de las víctimas, emitiera el informe de octubre del año 2004. Este informe concluyó que el Estado venezolano era responsable de la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, todos estos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual ha sido ratificada por Venezuela. Asimismo, en dicho informe la CIDH le ordenó que realice una investigación imparcial y completa de los hechos, que repare a los familiares de las víctimas y que tome medidas preventivas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

 

Al Venezuela no cumplir las recomendaciones de la Comisión, la CIDH decidió elevar el caso a conocimiento de la Corte Interamericana en febrero de 2005. En su demanda, la CIDH le solicitó a la Corte que declare al Estado venezolano

responsable internacionalmente por la violación de los derechos ya mencionados. Como representantes de las víctimas, CEJIL y COFAVIC pidieron a la Corte que además declare a Venezuela responsable de haber violado el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas, ya que nunca se informó ni se investigó lo sucedido en el Retén.

 

En agosto de 2005 Venezuela contestó que no aceptaba la demanda ni en los hechos ni en el derecho, solicitándole además a la Corte que la rechace argumentando que no habían sido agotados los recursos de jurisdicción interna.

 

Durante la audiencia del día de hoy el Estado venezolano aceptó los hechos y admitió su responsabilidad internacional por todas las violaciones que habían sido señaladas por la CIDH y los representantes de las víctimas. El

Estado aceptó también las reparaciones solicitadas a favor de las víctimas y sus familiares. Se trató de un allanamiento pleno y total sin condiciones, ni reservas. El presidente de la Corte, Sergio García Ramírez, señaló que

éste fue uno de los allanamientos más amplios en la historia del sistema interamericano.

 

Después del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y de escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas y del Padre Arturo Peraza, la CIDH así como CEJIL y COFAVIC denunciaron que en este caso no hubo una política de prevención adecuada de manera de impedir que sucedieran los hechos de violencia, que existió uso excesivo de la fuerza y ejecución extrajudicial a varios internos. Se alegó que las condiciones inhumanas de detención fueron causantes de la violencia y situación de inseguridad. Se hizo referencia también a que no existió investigación oportuna y completa de los hechos y finalmente que hubo denegación de justicia y ausencia de políticas penitenciarias que cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

 

Se espera que la Corte dicte sentencia sobre este caso en los próximos meses. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los Estados, como Venezuela, que han aceptado su jurisdicción.