Fuga de policías que asesinaron ambientalistas en Honduras fomenta la impunidad

31-07-08

San José, Costa Rica

Tres de los cuatro policías que fueron condenados por el asesinato de Heraldo Zuñiga y Roger Iván Murillo, líderes ambientalistas del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), se fugaron del 115 Batallón de Infantería Militar, en la Ciudad de Juticalpa, Honduras.

Inicialmente escaparon Juan José Talavera y Milton Omar Cáceres Rodríguez, y días después José Arcadio Gonzáles. Hasta el momento las autoridades estatales no han brindado ninguna explicación de lo ocurrido.

Los policías fueron sentenciados el pasado 1 de julio por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho y la individualización de la pena se realizaría el próximo 15 de agosto.

CEJIL expresa su preocupación ante la posibilidad de que el asesinato de los ambientalistas quede en la impunidad. Con la condena de los policías, el Estado de Honduras estaba dando muestras de que la justicia local sí puede ser eficiente y diligente. Es prioritario que el Estado ahora investigue si la fuga contó con la complicidad de los autores intelectuales del asesinato de los ecologistas o de otras personas involucradas, lo que evidenciaría la existencia de estructuras clandestinas que socavan la justicia y fortalecen la impunidad.

Por la fuga de los policías, CEJIL y MAO se vieron obligados a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para los familiares de los ecologistas asesinados a fin de garantizar su seguridad e integridad. Esta misma preocupación la ha manifestado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) ante la posibilidad de que los fugados intenten acciones contra los familiares de los ecologistas y los testigos del caso.

CEJIL exhorta al Estado a tomar todas las medidas necesarias para recapturar a los policías y sancionarles como corresponda, esta es la única forma de devolver a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional la confianza en las instituciones estatales. Asimismo, le recuerda que independientemente del pronunciamiento de la CIDH sobre la solicitud de medidas cautelares, debe proteger y asegurar la vida y la integridad personal de los miembros MAO, de los familiares de las víctimas y de los testigos del caso.

 

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