Estado salvadoreño reconoce responsabilidad en muerte de Monseñor Romero

CEJIL celebra histórica decisión en la CIDH
06-11-09

Las abogadas de CEJIL Marcela Martino, Alejandra Nuño y Gisela de León, pidieron a El Salvador el cumplimiento de todas las recomendaciones del informe de la CIDH acerca de la muerte de Monseñor Romero.El Centro por la Justicia y el  Derecho Internacional (CEJIL) celebró la decisión del Estado salvadoreño de reconocer  su responsabilidad internacional por la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el 6 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C.

En una audiencia solicitada por el Estado, el director de derechos humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales, manifestó que El Salvador admite la autoridad de la CIDH y el carácter vinculante de  sus informes, en particular las conclusiones y recomendaciones del informe del  año 2000, que atribuyó al Estado responsabilidad por la muerte de Monseñor Romero, ocurrida el 24 de marzo de 1980.

Esta posición contrastó con la negativa a aceptar  cualquier responsabilidad en el crimen, que hasta ahora había expresado el Estado.

“La actitud del Estado salvadoreño representa un cambio histórico y es un primer paso para avanzar en la reparación integral del daño causado por este crimen. Percibimos buena fe del Estado para cumplir con las recomendaciones”, dijo Alejandra Nuño, directora del programa de CEJIL para Mesoamérica, organización que ha participado en el litigio del caso desde 1998.

El informe de la CIDH acerca del caso de Monseñor Romero ordenaba al Estado a reparar el daño causado, a investigar el crimen y sancionar a los responsables y a dejar sin efecto la Ley de Amnistía, de 1993, que  cerró las puertas a una reapertura de las pesquisas y dejó en la impunidad las violaciones a los derechos humanos  de Monseñor Romero y de miles de salvadoreños

El director de derechos humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales, portaba en la solapa un prendedor con la imagen de Monseñor Romero.“El cumplimiento de la investigación del crimen es responsabilidad de la Fiscalía. La anulación de la Ley es competencia de la Asamblea Legislativa de El Salvador. El Estado promoverá una coordinación de trabajo con el Fiscal y el Presidente de la Asamblea Legislativa  para introducir el conocimiento de las conclusiones y recomendaciones del informe de la CIDH, para que ambas sean conocidas de nuevo en el marco de sus competencias”, dijo Morales.

Además, el Estado se comprometió a construir una plaza que lleve el nombre de Monseñor Romero y a producir un video acerca de la vida y el legado del Arzobispo. Morales también manifestó la disposición del Estado a colaborar con cualquier investigación acerca de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Para el comisionado de la CIDH, Felipe González, “en virtud del evidente cambio de actitud que el Estado ha tenido en esta audiencia en comparación con un estado que abiertamente se había negado a aceptar las recomendaciones, es muy importante que esta comisión siga de cerca el proceso de diálogo y las acciones del Estado para cumplir las recomendaciones”

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