Espionaje en Colombia escandaliza a CIDH

El comisionado de la CIDH, Sergio Pinheiro, dijo sentirse “chocado” por la información aportada el 5 de noviembre por el “Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y CEJIL, acerca del espionaje, acoso e intimidación contra defensores de derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Según Pinheiro, “es un escándalo que este tipo de acciones estén ocurriendo en un gobierno constitucional, en plena democracia. Hay que actuar de manera muy firme antes de que esto se transforme en una moda en toda la región”.

Pinheiro recomendó que la CIDH informe a otros organismos internacionales, y especialmente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acerca del espionaje contra los defensores de derechos humanos colombianos.

“La CIDH tomará las más enérgicas providencias”, aseguró el comisionado.

Al inicio de la sesión, el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, explicó que se discutiría el fondo de un caso en trámite ante la CIDH, que su delegación no había recibido por adelantado los alegatos de los denunciantes y por ese motivo él y su delegación no participarían en la audiencia.

Los comisionados de inmediato respondieron que el reclamo inicial de Colombia era infundado.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifestó su más profunda preocupación por la actitud del Estado de Colombia de rehuir la discusión del espionaje contra el CAJAR.

“Es preocupante la falta de voluntad del gobierno de enfrentar la grave situación que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia debido al espionaje de agencias del Estado”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

El presidente del “Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, (CAJAR), Reinaldo Villalba, reveló la existencia de un plan sistemático ejecutado contra su organización por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, mediante el Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3), que recabó información personal y familiar de los integrantes y acciones de “guerra psicológica” y neutralización del trabajo de los abogados.

“No sólo mantenían expedientes con fotos de nuestras familias y nuestros supuestos perfiles psicológicos, también implementaron descarados actos de intimidación y acoso que truncaron nuestro trabajo”, afirmó Villalba

Entre las acciones cometidas están la recolección de los datos personales de las personas y sus familias, su posición ideológica, debilidades, amigos, rutinas y rutas la interceptación de comunicaciones, el copiado de las llaves de las casas y el seguimiento a los miembros del Colectivo en viajes nacionales e internacionales.

En 2005, una integrante de CAJAR recibió una muñeca degollada con una amenaza de muerte. Los datos dentro de ese paquete coinciden con información identificada dentro de los archivos del DAS.

El trabajo del DAS se centró especialmente en obstruir el trabajo del CAJAR en instancias internacionales, como la CIDH, las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI), e incluso frustraron el viaje de una de las abogadas a la CPI.

“Esta ofensiva de espionaje nos causa mucha preocupación porque toda esa información nuestra y de nuestras familias evidentemente no era para ayudarnos”, comentó Villalba con ironía.

El DAS incluso aprovechó que miembros del CAJAR tenían medidas cautelares de protección ordenadas por la CIDH para contratar como informantes a quienes se encargaban de protegerlos.

“Los hechos presentados hoy son sólo la punta del iceberg; confirman la existencia de un patrón sistemático de persecución en contra del Colectivo y en contra de defensores de derechos humanos. En una de las expresiones más perversas, el Estado aprovechó las medidas de protección a los miembros del Colectivo para espiarlos”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

“Esperamos que el Estado Colombiano continúe las investigaciones dentro y fuera del DAS, entregue todos los informes de inteligencia que hacen referencia al CAJAR, y cese de desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos”, concluyó Krsticevic.