Desaparición forzada de Narciso González fue expuesta ante la Corte Interamericana

San José, Costa Rica, 29 de junio del 2011. El Estado dominicano es responsable de la desaparición forzada y violación a la libertad de expresión del connotado profesor y periodista Narciso González. Así lo denunciaron los representantes de la víctima y sus familiares durante una audiencia pública celebrada en dos sesiones ayer, martes, y hoy, miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sede en Costa Rica. La víctima fue representada por la Comisión de la Verdad, por el abogado Tomás Castro Monegro y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Narciso González fue detenido arbitrariamente y desaparecido forzosamente desde el 26 de mayo de 1994. Los hechos sucedieron un día después de llamar a la desobediencia civil tras denunciar públicamente el fraude electoral del entonces presidente de República Dominicana, Joaquín Balaguer, en colusión con las fuerzas armadas del país.

La esposa de González, Luz Altagracia Ramírez, expresó ante el tribunal la frustración que ha sentido durante los últimos 17 años por desconocer el paradero de su compañero. Ramírez detalló los esfuerzos múltiples y reiterados que emprendió ante las autoridades responsables de investigar el caso, sin que hubiera una respuesta adecuada por parte del Estado.

CEJIL señaló las deficiencias en la investigación de este caso emprendida por el Estado, basada en los criterios emitidos por el perito Federico Andreu Guzmán, experto en los estándares de investigación del delito de desaparición forzada. Por ejemplo, CEJIL afirmó que los procesos de investigación estuvieron viciados porque incluyeron pesquisas a cargo de entidades no judiciales, comisiones policiales y militares que no garantizaron la independencia e imparcialidad necesarias para asegurar un proceso serio y eficaz.

Por otra parte, la CIDH denunció que no fueron investigadas la presión contra testigos ni la muerte de uno de ellos, quien habría visto a González –con signos de maltrato físico– detenido en las instalaciones de la Fuerza Aérea pocos días después de su desaparición. Diversas instancias del Estado habrían negado esta detención y habrían destruido los registros de su prendimiento.

Ariela Peralta, Subdirectora Ejecutiva de CEJIL, afirmó además que este es un caso emblemático, tanto para el tema de libertad de expresión como de acceso a la información. En este sentido agregó que la Corte tiene una gran oportunidad para ampliar la jurisprudencia en estas materias.

Peralta señaló que el Estado ha negado el acceso a los archivos de investigación, a pesar de innumerables peticiones de la familia. También agregó que la desaparición forzada de González fue producto de su condición de periodista y formador de opinión y configuró una violación a su derecho a la libre expresión que sigue cometiéndose hasta hoy en día pues, al igual que su desaparición, es un delito que continúa en el tiempo hasta que no se determine su paradero.

“Este crimen es una condena a su estilo periodístico, por ser una persona que denunció duramente el régimen de la época”, agregó Peralta.

Luz Altagracia Ramírez culminó ayer su declaración ante el tribunal pidiendo, entre otras, dos reparaciones específicas del daño que se le ha infligido a ella y a su familia en este caso: que se esclarezca, de una vez por todas, el paradero de su esposo, y que el Estado emprenda las acciones necesarias para que su legado permanezca en la memoria dominicana, “que sus nietos pudieran seguir sabiendo quién fue, para el país, Narciso González”.