Defensores de derechos humanos denuncian ante la CIDH graves irregularidades en el proceso electoral nicaragüense
Washington DC, 28 de marzo del 2011. El proceso hacia los comicios presidenciales de este año en Nicaragua se desarrolla con una ley electoral que limita la participación política, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) cuyos miembros ejercen sus funciones ilegalmente y con un Presidente de la República que utilizó una institucionalidad muy frágil para abrir paso a su reelección, prohibida por la Constitución.
Estas fueron las principales denuncias que presentaron el viernes pasado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia sobre la situación de los derechos políticos en Nicaragua, que tuvo lugar en Washington DC, Estados Unidos.
Los peticionarios expresaron que las intenciones electorales del Presidente Daniel Ortega Saavedra han generado una polarización política en el país que podría derivar en amenazas contra la vida y la integridad física tanto de quienes se oponen a la reelección como de quienes la apoyan.
Las organizaciones también denunciaron la negativa presidencial y del CSE de permitir la observación internacional durante los comicios que se celebrarán el 6 de noviembre del 2011, lo cual pone en riesgo la transparencia en el proceso.
También se destacó que los derechos a la libre expresión, y a la manifestación política han sido violados en numerosas ocasiones, tema que preocupó especialmente a Catalina Botero, Relatora Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión. Como ejemplo se citó la detención de materiales del periódico Nuevo Diario en la aduana aérea como represalia contra un artículo del periodista Luis Galeano denunciando temas de corrupción dentro del CSE.
Los peticionarios aprovecharon para resaltar además que Nicaragua no cumple las sentencias del Sistema Interamericano, en referencia a la sentencia de la Corte Interamericana del año 2005 en relación al caso Yatama.
Las organizaciones reiteraron su petición para que la CIDH realice una visita a Nicaragua y solicitaron a este organismo que inste el Estado a garantizar las condiciones para el ejercicio del derecho al voto en forma igualitaria, incluyendo el otorgamiento de cédulas a todos/as nicaragüenses sin discriminación, el cese de toda práctica que limite el derecho a la libertad de expresión y finalmente, adoptar medidas para proteger a los defensores/as de derechos humanos y al periodista Luis Galeano.
Durante la audiencia, Felipe González, relator de la CIDH para Nicaragua, citó el reglamento de la CIDH y expresó una preocupación particular por el intento de deslegitimación del Estado hacia la labor de las organizaciones presentes. Adicionalmente se solicitó nuevamente al Estado permitir la visita de la Comisión al país. El Estado guardó silencio.
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