CEJIL RECOMIENDA CAUTELA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Washington D.C. 30 de octubre 2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saluda el acuerdo alcanzado el 29 de octubre entre los representantes del gobierno de facto de Honduras y del gobierno constitucional, y solicita a la comunidad internacional acompañar el proceso de diálogo así como supervisar el cumplimiento de los términos del arreglo.

Sin embargo, CEJIL recomienda a la comunidad internacional ser cautelosa antes de emitir cualquier criterio acerca de la validez del proceso electoral en curso, hasta que haya sido restituido en el poder el gobierno constitucional y vuelvan a estar en vigencia los derechos y libertades fundamentales protegidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es preocupante que el documento firmado por las partes no defina plazos concretos para el restablecimiento del orden constitucional y otorgue a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de emitir una opinión previa a la aprobación del acuerdo por parte del Congreso Nacional.

Para la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, una de las cuestiones críticas radica en que el acuerdo no establece plazos, y tampoco garantiza la restitución del orden constitucional ni la anulación de normas represivas que prohíben el ejercicio de derechos civiles y políticos.

El documento deja el futuro de Honduras en manos de una Corte Suprema de Justicia desacreditada, que ha avalado las actuaciones del gobierno de facto, ya se ha pronunciado a favor de la persecución penal del presidente Manuel Zelaya y ha sido inoperante para proteger derechos humanos de los habitantes de Honduras.

Viviana Krsticevic enfatizó que “la comunidad internacional necesita mantener un sano escepticismo ante los acuerdos alcanzados en Honduras y debe dar un seguimiento riguroso al proceso en Honduras, para garantizar el restablecimiento del orden constitucional y el respeto por los derechos humanos”.

Mientras las partes negociaban y llegaban a un acuerdo, continuaban ocurriendo actos de represión y uso excesivo de la fuerza contra opositores al golpe, persistía la obstrucción a la libertad de expresión de medios de comunicación y el ejército giraba órdenes para perseguir a disidentes políticos.

El 29 de octubre, el ejército y la policía reprimieron en Tegucigalpa una manifestación pacífica de opositores al golpe, lanzaron gases lacrimógenos y golpearon con toletes a los manifestantes. Hubo unos 60 heridos y al menos cinco detenidos, entre ellos el dirigente sindical Juan Cruz.

A la vez, los propietarios de Canal 36, Cholusat y Radio La Catracha, medios que han sido censurados por el gobierno de facto, denuncian que persisten las interferencias electrónicas a sus señales.

Por otra parte, una nota enviada el 22 de octubre presuntamente por el Primer Batallón de Comunicaciones del Ejército, solicitó a numerosos alcaldes, los nombres y números de teléfono de las personas “que conforman la resistencia y que le llevan intranquilidad a los proyectos de su comunidad”.

Esto ocurre mientras está vigente una directriz de la Policía Nacional que obliga a notificar con 24 horas de anticipación cualquier reunión pública y mientras sigue en vigor el decreto 124-2009, que autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a clausurar emisoras de radio o televisión que emitan mensajes “en contra del Estado democrático”.

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