Cejil pide garantías para la protección de los derechos humanos en Honduras

Violaciones durante el gobierno de facto deben investigarse
29-01-10

Washington D.C., 29 de enero de 2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a la comunidad internacional de Estados, organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil para que insistan en la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos en Honduras.

 

Numerosas organizaciones internacionales y de la sociedad civil han documentado los abusos sufridos por la sociedad hondureña. En su informe publicado el pasado 20 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya fue un golpe de Estado protagonizado por los militares y constató que como consecuencia de la ruptura del orden democrático ocurrieron muertes, represión y uso desproporcionado de la fuerza contra manifestaciones públicas, millares de detenciones ilegales, declaración arbitraria del estado de excepción, tortura y tratos crueles degradantes e inhumanos, violaciones a los derechos de las mujeres, censura y graves violaciones a la libertad de expresión y a los derechos civiles y políticos.

 

Para la CIDH, estos hechos fueron favorecidos por la falta de una institucionalidad que respondiera ante las denuncias, así como por la negación de la existencia de esas violaciones por parte de las autoridades de facto y de la Corte Suprema de Justicia.

 

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas, en su informe del 22 de diciembre, también reporta haber recibido y constatado abundante información y testimonios acerca de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de facto. Por ello, es fundamental y urgente avanzar investigaciones adecuadas respecto de estas graves violaciones de derechos humanos.

 

No obstante, hechos recientes demuestran que los representantes de los poderes del Estado, que se confabularon con el régimen de facto y toleraron el golpe, continúan tomando decisiones para negar los hechos ocurridos y asegurar la impunidad de sus responsables. En este sentido, la reciente resolución del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,Jorge Rivera Avilés, mediante la cual libera de responsabilidad a los militares que ejecutaron el golpe de Estado, es una muestra más de la politización del órgano judicial y la ausencia de garantías para establecer la verdad y que se haga justicia. A ello se suma la reciente decisión del Congreso Nacional de declarar la amnistía sobre los hechos ocurridos a partir del 28 de junio, la cual, lejos de contribuir a la reconciliación nacional, constituye un impedimento para conocer la verdad y sancionar la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

 

CEJIL considera que, hoy más que nunca, se debe mantener un riguroso seguimiento a la situación de los derechos humanos en Honduras y respaldar todos los esfuerzos para el esclarecimiento de la verdad acerca de lo ocurrido tras el derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya, así como el procesamiento y sanción de los responsables.

 

Un mecanismo para establecer la verdad debe, como mínimo, contribuir a esclarecer los hechos, brindar un reconocimiento moral y ético a las víctimas y presentar recomendaciones políticas que garanticen la no repetición de las violaciones de derechos humanos. Para lograr esos fines, el mecanismo que se diseñe debe tener competencia tanto material como territorial para investigar a cabalidad las violaciones a los derechos humanos cometidas así como las causas estructurales que propiciaron el golpe de Estado. Su funcionamiento debe ser transparente, sus conclusiones públicas y los integrantes seleccionados mediante escrutinio público y dotados de reconocida formación, independencia, calidad ética y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Asimismo debe haber un compromiso público de todos los poderes del Estado para contribuir en las investigaciones y aceptar e implementar las recomendaciones que se establezcan, esto con independencia de las pesquisas y procesos judiciales pertinentes.

 

El acompañamiento que la comunidad internacional, en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pueda dar en este proceso es indispensable para garantizar que los resultados sean creíbles y que no sea un instrumento para validar falsas verdades y evadir la justicia. Para el restablecimiento de la democracia en Honduras y la recuperación de la confianza en sus instituciones es imprescindible que todos los sectores de la sociedad reconozcan sin ambigüedades los perjuicios causados por el golpe de Estado.

 

CEJIL abogará por el respeto y la garantía de los derechos humanos para todas las personas que habitan en Honduras. Sin ello, no es posible afirmar que la democracia ha sido restituida en este país.

 

Contacto de prensa en Washington D.C.

Mauricio Herrera Ulloa

mherrera@cejil.org

 

Tel: (202) 319-3000

(202) 445-4676

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.