Noel Emirio Omeara
Caso contra la impunidad en el marco del conflicto armado interno colombiano
Colombia

En el Municipio de Aguachica, Departamento del Cesar, entre el 28 de enero y el 21 de octubre de 1994, se llevó a cabo la ejecución extrajudicial de Noel Emiro Carrascal, la desaparición forzada y ejecución de su hijo Manuel, y el atentado y posterior muerte de su suegro, Héctor Álvarez; como consecuencia de la actuación de grupos paramilitares con la colaboración de agentes estatales.

Los procesos de investigación interna no generaron avances en el caso a causa de retrasos injustificados, por lo que el 4 de mayo de 1995 la Comisión Colombiana de Juristas envió el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta concluyó en 2015, que el Estado colombiano es responsable de la violación de los derechos, y recomendó la reparación a las familias de las víctimas, la adopción de medidas para la investigación y sanción de las personas responsables, así como las que sean necesarias para evitar que se repitan los hechos.  

En 2016, la CIDH remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la ausencia de avances sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones, en particular en materia de justicia y reparación integral. Esta corte, declara al Estado colombiano responsable por la ejecución extrajudicial de Noel Emiro Omeara Carrascal por parte de agentes estatales en conjunción con grupos armados ilegales, así como las subsecuentes violaciones de derechos humanos de varios miembros de su familia, quienes por más de dos décadas emprendieron una búsqueda por la verdad y la justicia. El inicio de esta lucha llevó a la desaparición forzada de su hijo, Manuel Guillermo Omeara Miraval, y a la muerte de su suegro, el señor Héctor Álvarez Sánchez.

Si bien, hay avances en procesos contra exjefes paramilitares procesados ante la sala de conocimiento de justicia transicional, por hechos de violencia entre 1985 y 2006 contra líderes sociales, sindicalistas y personas defensoras de derechos humanos. La falta de debida atención en las investigaciones ha favorecido asimismo la impunidad de los responsables. A pesar de que se evidenció la actuación conjunta de agentes estatales y paramilitares en el caso, después de 25 años, no hay ningún agente de Estado procesado ni condenado.

Impacto del caso: 

  • Corte IDH evidenció la actuación conjunta de agentes estatales y grupos armados ilegales en el caso. 
  • La Corte declaró la responsabilidad del Estado por denegación de justicia. 
  • La Sentencia de la Corte IDH analiza la obligación estatal de proteger el derecho a la vida y la integridad personal y la debida diligencia en la investigación de los hechos.

Fecha de actualización: 30 enero 2020