Linda Loaiza López Soto
Primer caso de Venezuela sobre tortura e impunidad en contra de las mujeres
Venezuela

 

Linda Loaiza López Soto tenía 18 años y vivía con su hermana menor, Ana Secilia López en Caracas. Linda se había inscrito en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela pero el 27 de marzo del 2001, fue secuestrada al salir de su residencia y, bajo amenaza de muerte, retenida por tres meses. Durante su cautiverio, Linda fue abusada sexualmente y gravemente agredida, sufriendo lesiones físicas y psicológicas.

Su hermana Ana Secilia intentó denunciar la desaparición de Linda pero los oficiales se negaron a recibir la demanda, alegando que Linda y su agresor eran pareja y que lo mejor era esperar. A pesar de otros múltiples intentos, los oficiales no procesaron ni una sola denuncia por la desaparición de Linda Loaiza.

El 19 de julio del 2001, Linda logró escapar. Los golpes recibidos durante su cautiverio fueron de tal intensidad que la tuvieron que operar numerosas veces; estuvo hospitalizada durante un año, para la reconstrucción del rostro.

Durante el transcurso de la investigación, Linda Loaiza fue revictimizada a través de un proceso judicial que estuvo plagado de estereotipos de género, irregularidades, retrasos y hasta destrucción de evidencia. Sumado a un total de 37 diferimientos y 10 inhibiciones por parte de los operadores de justicia que no querían conocer el caso, el proceso penal contra la persona responsable de secuestrar y torturar a Linda sigue en apelación actualmente. El 11 de noviembre del 2007, Linda, su familia, y su abogado presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso de Linda ejemplifica la situación de impunidad que impera en las denuncias presentadas por miles de mujeres venezolanas, víctimas de la violencia sexual y de género. Dentro de Venezuela, según el Informe Anual del Ministerio Publico del 2014, de las 70.763 denuncias de violencia contra la mujer, solo el 0.7% han llegado a juicio. Asimismo, su caso ilustra la violencia institucional y la doble victimización que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual en la región, durante su búsqueda por la justicia.

Catorce cirugías y quince años después de los hechos, la CIDH le informó a Linda y a sus representantes, el 2 de noviembre de 2016, que se había remitido su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.