PERÚ

Caso Mamérita Mestanza Chávez

María Mamérita Mestanza Chávez era una mujer campesina peruana de 33 años de edad y madre de siete hijos. Vivía junto con su compañero Jacinto Salazar Juárez en el distrito Encañada, provincia y departamento de Cajamarca, en donde se dedicaban a la agricultura. En 1996, en cumpliento con el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV),  los profesionales de salud del Distrito de la Encañada comenzaron a realizar visitas al domicilio de Mamérita Mestanza para presionarla a que se sometiera a una ligadura de trompas. Durante estos encuentros, los profesionales de salud la intimidaron, diciéndole que si no se operaba, ella o su compañero podrían ser enviados a prisión.

El 27 de marzo de 1998, luego de haber recibido aproximadamente diez visitas intimidatorias, Mamérita Mestanza accedió. Antes de ser operada, no recibió ningún tipo de asistencia médica y tampoco fue informada sobre las consecuencias y los riesgos del procedimiento. A pesar de haberlo pedido en al menos cinco oportunidades, la víctima tampoco recibió ningún tipo de atención postoperatorio. Como resultado, el 4 de abril de 1998, Mamérita falleció de una infección que se le agravó por esta falta de atención médica.

En junio de 1999, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana (CIDH). Durante el periodo de audiencias de la Comisión del marzo de 2001, se llegó a un acuerdo de solución amistosa entre las organizaciones peticionarias y el Estado que fue firmado dos años más tarde. Sin embargo, varios de los compromisos del acuerdo quedaron pendientes, en particular una investigación exhaustiva de los hechos, y la aplicación de  sanciones penales y administrativas contra los responsables. Estas fallas llevaron a que la CIDH emitiera una denuncia en el 2010.

El caso de Mamérita Mestanza es emblemático ya que representa la situación de miles de mujeres– la mayoría de ellas campesinas indígenas de comunidades pobres-, que fueron víctimas de las políticas públicas de esterilización forzada que se implementaron durante el régimen de Fujimori, entre los años 1996 y 2000.

Mediante diferentes formas de intimidación, el programa focalizó su aplicación a mujeres en edad fértil, la mayoría campesinas, indígenas, en situaciones de pobreza, y pertenecientes a zonas rurales. Dicho programa estuvo a cargo del propio aparato del poder público, desde el Ejecutivo hasta el Ministerio de Salud. Según las cifras oficiales, se calcula que más de 300.000 mujeres fueron esterilizadas bajo el programa de AQV.  Si bien no se sabe el numero exacto de víctimas, el expediente judicial dentro del cual se investiga al caso de Mamérita Mestanza, identifica a 2.074 víctimas de las cuales 1.700 denuncias ya habían sido ingresadas al registro.

Pero a pesar de la evidencia que existe sobre el uso extendido de la práctica de sterilización forzadas en poblaciones vulnerables, y el rol que jugó el Estado en fomentar y permitirlas, aun existe un ambiente de impunidad ante un universo de víctimas que podrían ascender a los cientos de miles. Entre las decisiones más recientes, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima -atendida por Marcelita Gutiérrez-, archivó el pasado 28 de julio la denuncia por delito de lesa humanidad contra el expresidente Alberto Fujimori y tres exministros de Salud. Ante este último desarrollo, DEMUS, CLADEM, CRR, APRODEH y CEJIL, organizaciones co-peticionarias en el caso Mamérita Mestanza ante la CIDH, rechazaron la resolución que negará el acceso a justicia  a miles de víctimas de esterilizaciones forzadas y estarán informando inmediatamente a la CIDH a fin de que exhorte al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de justicia y reparación.