Caso Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras
Honduras

Tres disparos, escuchó Martha Alvarenga. Dos personas vieron a Joaquín Benítez, huyendo de la escena. Un ambientalista y defensor de los derechos humanos fue asesinado en una noche de octubre en Tocoa, departamento de Colón, Honduras.

A las 18:00 hrs. del 18 de octubre de 1997 dos hombres entraron al Lubricentro Escaleras, el negocio familiar de Carlos Escaleras Mejía. Esperaron frente al negocio, hasta que el defensor apareció en su moto.

En ese momento, los dos hombres le preguntaron al vigilante, si el hombre que acababa de llegar era Carlos, a quien buscaban. Luego de la respuesta positiva, le dispararon en tres ocasiones. Su familia lo trasladó hasta un centro asistencial, pero falleció en el camino. 

Además, de su participación en la vida política de su comunidad, el defensor tomó un rol ciudadano activo, en oposición a la instalación de una planta extractora de aceite de palma africana, en la ribera del río Tocoa. Esto, ante el riesgo inminente de que los desechos tóxicos serían depositados en el cauce fluvial. 

Su lucha incluso influyó en la cancelación de un enorme préstamo del Banco Mundial a la Empresa Cressida, del empresario Miguel Facussé. Carlos Escaleras recibió una oferta de dinero para deponer su lucha. Ante la negativa, la oferta se convirtió rápidamente en amenazas y, tiempo después, en su asesinato. 

Dos décadas después de los hechos, solo una persona se encuentra cumpliendo condena, como autor material del crimen. A pesar de que esta señaló a varios autores intelectuales del homicidio de Escaleras, la investigación no prosiguió, por lo que el caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH estableció la responsabilidad del Estado de Honduras, por la violación del derecho a la vida, a la libertad de asociación y a los derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; así como la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial efectiva de su madre, esposa, hijos y hermanos. En consecuencia, recomendó que se continuase con la investigación de lo ocurrido, así como que se reparara el daño causado a la víctima y sus familiares. 

Sin embargo, el gobierno no ha cumplido con todo lo solicitado por lo que la CIDH presentó el caso a la Corte IDH.