Brasil: CIDH notifica Informe de Mérito en caso de defensora por los derechos de los Trabajadores Rurales de Brasil, Margarida Maria Alves

Rio de Janeiro, 18 de diciembre, 2019.- A más de 35 años de su muerte, el pasado viernes 14 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó su decisión de publicar el Informe de Mérito en el caso de la defensora de derechos humanos Margarida Maria Alves, asesinada el 12 de agosto de 1983 por su trabajo defendiendo los derechos de los trabajadores rurales de Alagoa Grande, en Paraíba.

«Este caso se encuadra en un contexto generalizado de violación de derechos humanos, ataques y asesinatos en Brasil que busca silenciar a las personas defensoras de este país”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Cabe señalar que la decisión de la CIDH en el caso de Margarida fue emitida el día en que el asesinato de otra defensora, Marielle Franco, cumple nueve meses de impunidad».

Por otra parte, la Directora de la Oficina de CEJIL en Brasil, Alexandra Montgomery indicó que «La CIDH ha emitido diversos comunicados de prensa condenando el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, principalmente aquellos vinculados con la defensa de los trabajadores rurales. Esta situación fue también observada por la CIDH en reciente visita in loco y consta en el informe preliminar publicado tras la visita».
Margarida Maria Alves, al ser la primera mujer en presidir el Sindicato de los Trabajadores Rurales de Alagoa Grande, fue una lideresa sindical rural de alta prominencia. Ejerció su cargo por 12 años, en plena dictadura militar brasileña. A pesar de enfrentarse con un contexto nacional y regional marcado por la subordinación de los grupos campesinos a los grandes propietarios de tierras, Alves logró  desarrollar más de 600 acciones laborales y diversas denuncias.

Su asesinato fue motivado por su actividad como defensora, lo que contrariaba los intereses de la élite política y económica local, conocida como «Grupo de la Várzea», que también contaba con la participación de agentes del Estado. Pero, los procesos judiciales internos instaurados para investigar el asesinato de Margarida nunca  llegaron a responsabilizar a los perpetradores: fueron archivados por prescripción, se absolvió un reo en un Tribunal desprovisto de imparcialidad; y posibles autores murieron en el transcurso del proceso.

Como resultado, el caso fue solicitado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en conjunto con el Gabinete de Asesoramiento Jurídico a las Organizaciones Populares (GAJOP), Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y Fundación de (FDDH-MMA) ante la CIDH el 17 de octubre de 2000.

Pasados ​​treinta y cinco años del asesinato de la defensora, el crimen aún no ha sido esclarecido y los responsables no han sido identificados ni sancionados por la muerte de la defensora. La publicación de esta decisión es una oportunidad para que el Estado repare a los familiares por la imperante impunidad en este caso. Ante ello, la CIDH emitió cuatro recomendaciones al Estado brasileño para su pronto cumplimiento, entre ellas:

1) Una reparación integral a los familiares de la víctima con medidas de compensación pecuniaria y de satisfacción que incluyan los daños materiales e inmateriales;

2) La realización de una investigación de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar a los responsables materiales, intelectuales y estructuras de poder relacionadas con su muerte y sancionar a estos responsables, considerando que como la prescripción se dio por resultado de las omisiones del Estado, ésta no puede aplicarse a este caso.

3) La disposición de medidas de atención a la salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares de Margarida Maria Alves, si es su voluntad y de manera acordada;

4) La disposición de medidas de no repetición, que incluyan fortalecer el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, concentrándose en la prevención de actos de violencia contra defensores y defensoras de derechos de los trabajadores en Brasil, así como el fortalecimiento de la capacidad investigativa de ese tipo de crimen.

En particular, con respecto a la tercera recomendación, se manifestó una profunda preocupación por el estado de salud del hijo de Margarida Maria Alves, el Sr. José de Arimatéia Alves, ya que en la última semana tuvo un agravamiento de su salud. Ante ello, las partes exigieron que el estado y municipio en donde reside el Sr. Arimatéia  actúen de manera diligente y eficaz para garantizar su plena recuperación, así como el mantenimiento de su salud, mediante atención médica regular y acceso a los medicamentos y tratamientos que se requieran.

«Esperamos que el Estado cumpla con esas recomendaciones y las vea como una oportunidad de renovar y demostrar su compromiso con los derechos humanos», mencionó Montgomery, «estas son medidas primordiales para fortalecer el importante trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y evitar que nuevos casos de violaciones relacionadas a los defensores de los derechos de los trabajadores rurales continúen ocurriendo en Brasil».