Desaparición forzada de seis niños y niñas en El Salvador fue expuesta ante la Corte IDH

Ciudad de Panamá, 18 de mayo del 2011- La desaparición forzada de cuatro niñas y dos niños perpetrada por la Fuerza Armada de El Salvador entre 1981 y 1983 fue expuesta ayer, martes, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se celebró en Ciudad de Panamá, Panamá. Por primera vez en una sesión de este tipo, el Estado salvadoreño reconoció la verdad de estos hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y su responsabilidad por las violaciones denunciadas.

Las víctimas fueron representadas por la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El caso presentado ante la Corte es la fusión de tres procesos en los que se denunció la desaparición de los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristián y Julia Inés Contreras; de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez; y del niño José Rubén Rivera.

La audiencia contó con el testimonio de Gregoria Herminia Contreras, la única joven reencontrada en este caso. La víctima narró los hechos que rodearon la separación de su familia, su vida junto a uno de los militares autores de su desaparición y su posterior reencuentro con sus padres biológicos cuando ya era una adulta. La Corte conoció las múltiples vejaciones de las que fue víctima Gregoria Contreras y el sufrimiento que la acompaña hasta hoy debido a la alteración de su identidad pues fue registrada, con un nombre distinto al suyo, como hija del militar que se la llevó.

Dada la aceptación de los hechos y de la responsabilidad internacional por parte del Estado, la audiencia se concentró en la discusión de las reparaciones que El Salvador debe adoptar para subsanar el daño causado.

Con base en las declaraciones de Gregoria Contreras y de los familiares de los infantes desaparecidos, las representantes señalaron que el principal anhelo de las víctimas es conocer el paradero de sus seres queridos. Por ello solicitaron que la Comisión Nacional de Búsqueda de El Salvador se fortalezca mediante una ley que garantice su permanencia.

Asimismo pidieron que, en la Fiscalía General de la República, se cree una unidad de investigación sobre la desaparición forzada de niños y niñas pues en ninguno de los casos se ha establecido responsabilidades por este tipo de hechos. Las autoridades militares se han negado a dar datos que informen sobre el paradero de las víctimas de desaparición durante los años del conflicto armado interno. Por ello, las representantes también solicitaron la creación de mecanismos para garantizar que esta información sea transmitida y nutra las investigaciones que se adelantan en la Fiscalía y el Poder Judicial.

La abogada Gisela De León, de CEJIL, instó a la Corte IDH para que tome en cuenta la aceptación de responsabilidad por parte de El Salvador y reconozca, en su sentencia, el patrón de desapariciones forzadas de infantes que, de acuerdo a los registros de Pro-Búsqueda, asciende a más de 881 niños y niñas de este país.

Finalmente, Ester Alvarenga, de Pro-Búsqueda, resaltó la necesidad de que las medidas que la Corte ordene tengan un alcance general para que den respuesta tanto a las familias de las víctimas de este caso como a los cientos de familiares que se encuentran en sus mismas circunstancias.