CIDH evalúa admitir caso de jueces destituidos en Honduras
Washington DC, 31 de marzo del 2011. Tres jueces y una magistrada que fueron despedidos arbitrariamente por la Corte Suprema de Justicia de Honduras presentaron una solicitud de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) para continuar el proceso internacional por la violación de sus derechos humanos. Una resolución favorable en este caso podría derivar tanto en la restitución de los funcionarios en sus puestos como en una reforma en la normativa judicial en Honduras para garantizar la independencia judicial.
Publicación: 01.Abril.2011

Washington DC, 31 de marzo del 2011. Tres jueces y una magistrada que fueron despedidos arbitrariamente por la Corte Suprema de Justicia de Honduras presentaron una solicitud de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) para continuar el proceso internacional por la violación de sus derechos humanos. Una resolución favorable en este caso podría derivar tanto en la restitución de los funcionarios en sus puestos como en una reforma en la normativa judicial en Honduras para garantizar la independencia judicial.

 

El caso fue expuesto el viernes 25 de marzo durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH en Washington DC, Estados Unidos.

 

El 5 de mayo del 2010, los jueces Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza fueron despedidos por haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.

 

Durante la audiencia, los peticionarios afirmaron que la arbitrariedad en la separación de sus cargos viola varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por el Estado de Honduras. Entre las violaciones expuestas se encuentran el derecho a las garantías judiciales, la libertad de expresión, el derecho de reunión, a la libre asociación y a la protección judicial.

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) sostienen que ésta destitución debilitó la independencia judicial en Honduras y tuvo como objetivo intimidar a los operadores de justicia para que no cuestionen  a las autoridades que avalaron el golpe de Estado.

 

Por su parte, la representación del Estado pidió a la CIDH no admitir el caso alegando que los peticionarios aún no han agotado todos los recursos internos. Al respecto, la AJD y CEJIL señalaron que en Honduras no existe un órgano superior a la Corte Suprema de Justicia que sea independiente, imparcial y garantice justicia para las víctimas del caso.

 

El pasado 17 de marzo, durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, varios Estados recomendaron al Estado hondureño tomar medidas concretas para fortalecer la independencia judicial y solicitaron específicamente la reincorporación de los jueces y la magistrada despedida.

 

El Estado de Honduras aún no ha sido reintegrado a la Organización de Estados Americanos  ya que, según diversos organismos nacionales e internacionales, continúan las violaciones de derechos humanos contra su población y por tanto no reúne las condiciones mínimas de un Estado democrático.

 

Contacto de Prensa

Milli Legrain

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

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