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CEJIL, DPLF y WOLA expresan su preocupación por el nombramiento del General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior en Perú
Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano.
Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa Legal (IDL) la semana pasada,Urresti está siendo investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez.En la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de Bustíos, los atacantes colocaronuna carga explosiva, provocando su muerte. Urresti, capitán del Ejército en ese momento,se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.
La investigación inicial del caso fue conducida por la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas Arce.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbertoa 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.
El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.
Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.
Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.
Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA, considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.
Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal en estos hechos.
Enlaces de interés:
- Auto de apertura de instrucción contra Daniel Urresti, de 17 de junio de 2013,
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 38/97, Caso 10.548, Hugo Bustíos Saavedra, de 16 de octubre de 1997,
