Carta enviada al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos
El día de ayer, 7 de septiembre de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresando su preocupación acerca del despido de la fiscal Ángela María Buitrago quien ha conducido la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años. Este acto levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos. Leer la carta a continuación.
Publicación: 08.Septiembre.2010

 

El día de ayer, 7 de septiembre de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresando su preocupación acerca del despido de la fiscal Ángela María Buitrago quien ha conducido la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años. Este acto levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos.

Leer la carta a continuación.

 

 

Washington, D.C., 7 de septiembre de 2010



Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

 

Estimado Presidente Santos,

 

Por medio de la presente quisiéramos expresar nuestra preocupación sobre los últimos desarrollos en el caso del Palacio de Justicia.   En particular, la decisión de relevar de sus funciones a la fiscal, Ángela María Buitrago, quien ha conducido vigorosamente la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años, levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar incluso las más graves violaciones de derechos humanos.

Como es de su conocimiento, la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia creada por la Corte Suprema, estableció que tras la toma del Palacio del Justicia por parte de los guerrilleros del M-19 en noviembre de 1985 y la recuperación por parte de la fuerza pública colombiana, miembros de las fuerzas armadas mataron y desaparecieron forzadamente por lo menos una docena de victimas inocentes.  Estos crímenes, que habían sido en gran medida ignorados por dos décadas, fueron el objeto de una investigación seria por primera vez a principios del 2005, cuando la Dra. Buitrago fue nombrada fiscal encargada del caso.  Pese a que habido serios obstáculos, se lograron avances importantes.  Varios miembros de alto rango de las fuerzas armadas están siendo investigados o juzgados, y hace algunos meses se logró la primera condena penal en el caso, contra el Coronel retirado Alfonso Plazas Vega.

Estos desarrollos, que parecían prometedores, son una prueba de la valentía y profesionalismo de la Fiscal Buitrago, la Jueza María Stella Jara, y los representantes de las víctimas en las investigaciones penales en curso, quienes continuaron con el caso pese a estar confrontados a constantes amenazas e intimidaciones.  La condena de Plazas Vega en particular, llevo a que muchos en Colombia y en la comunidad internacional, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas-Navi Pillay- tuvieran la esperanza de que Colombia estuviera finalmente luchando contra la impunidad que ha caracterizado las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

Desafortunadamente, los últimos eventos  en el caso del Palacio de Justicia nos hacen temer que Colombia no posee aún la fortaleza política e institucional necesaria para confrontar criminalidad a los más altos niveles.  Poco tiempo después de condenar al Coronel Plazas Vega de homicidio, la Jueza tercera Stella Jara se vio forzada a huir del país temiendo por su seguridad, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le  había ordenado al gobierno  protegerla. Asimismo, la semana pasada, el Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago relevó de su cargo a Ángela María Buitrago sólo días después que ésta llamara a indagatoria a tres generales colombianos en retiro por la ejecución extrajudicial del Magistrado Carlos Horacio Urán.

La Dra. Buitrago ha jugado un papel fundamental en el esclarecimiento de los actos de las fuerzas armadas tras la recuperación del Palacio de Justicia.  El asesinato del Magistrado Urán es un caso representativo.   Pruebas irrefutables han permitido comprobar que éste sobrevivió la toma del Palacio de Justicia, y fue subsecuentemente torturado y ejecutado por las Fuerzas Armadas, quienes después devolvieron su cuerpo al Palacio de Justicia, e hicieron parecer que había muerto en el fuego cruzado entre el Ejercito y la guerrilla.   Este cínico crimen se le ocultó a la familia del Magistrado Urán  y al público Colombiano por más de veinte años, hasta que el intrépido trabajo investigativo de la Dra. Buitrago sacó a relucir la verdad.  El público colombiano tiene motivos justificados para preguntarse que otros aspectos de las acciones de los militares, así como las razones que motivaron dichas acciones en el caso del Palacio de Justicia, continuarán sin ser investigados.

Por lo tanto, la decisión de destituir a la Dra. Buitrago no es únicamente un importante retroceso en uno de los casos más emblemáticos sobre derechos humanos en Colombia, sino que desafortunadamente evidencia que el Fiscal General de Colombia parece estar dispuesto a comprometer investigaciones de alto perfil y destituir a su personal.  Dado el patrón de continuo acoso y hostigamiento en este y otros casos, nos vemos obligados a concluir que esta decisión fue el resultado de presiones.

Las acciones del Dr. Mendoza Diago van más allá del caso del Palacio de Justicia.  La Dra. Buitrago era también la fiscal encargada en varias investigaciones y juicios de derechos humanos de alto perfil, tales como el juicio del ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad Jorge Noguera, el ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, y el ex senador Ciro Ramírez, por conspirar con grupos paramilitares.  Estos casos se encuentran avanzados y la abrupta destitución de la fiscal es un importante retroceso que causará retrasos innecesarios.

Mientras el Dr. Mendoza Diago esté en funciones, los fiscales podrían mostrarse reacios a proceder contra actores poderosos y bien conectados.

Sr. Presidente, queremos alentarlos a remplazar rápidamente al Sr. Mendoza Diago por un Fiscal General permanente que actúe con la necesaria integridad y entereza para resolver de manera continua la investigación del Palacio de Justicia, e idealmente reintegre a la Dra. Buitrago a su cargo.  Adicionalmente, solicitamos que su gobierno adopte inmediatamente todas las mediadas  necesarias para asegurar la seguridad física de la Dra. Buitrago y todos los jueces, fiscales, abogados de derechos humanos y familiares de las víctimas involucradas en el caso.

El caso del Palacio de Justicia se ha convertido en una prueba de fuego para el sistema judicial colombiano. Una respuesta firme y principista frente a los últimos desarrollos del caso será una importante señal temprana del compromiso de su gobierno en la lucha contra la impunidad frente a casos de graves violaciones de los derechos humanos.  Las organizaciones que nosotros representamos y la comunicad internacional en general, observará sus acciones con gran interés.

 

Cordialmente,

 

Viviana Krsticevic
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Lisa Haugaard
Latin America Working Group (LAWG)

Gimena Sanchez-Garzoli
Washington Office on Latin America (WOLA)

Kelly Nicholls
U.S. Office on Colombia

 

 

Cc:

Angelino Garzón
Vicepresidente de Colombia

María Angela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia

Guillermo Mendoza Diago
Fiscal General de la Nación encargado

Jaime Arrubla
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Carolina Barco Isakson
Embajadora de Colombia en Estados Unidos

P. Michael McKinley
Embajador de Estados Unidos en Colombia

Hillary Rodham Clinton
Secretaria de Estado de Estados Unidos

Maria Otero
Sub Secretaria de Estado para Democracia y Asuntos Mundiales de Estados Unidos

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Christian Salazar Volkmann
Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados

Margaret Sekaggya
Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Christof Heyns
Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Felipe González
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos