Víctimas y organizaciones de sociedad civil rechazamos defensa del Estado a la liberación de Fujimori sin considerar derechos de víctimas ni sus obligaciones internacionales

Lima y Washington, DC, 19 de abril de 2024. La liberación de Alberto Fujimori el 6 de diciembre del 2023 ha tenido graves repercusiones en el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas, especialmente de los casos Barrios Altos y La Cantuta, quienes han luchado durante décadas por la verdad, justicia y reparación. Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su presidencia. 

A pesar de los intentos por garantizar su impunidad, como el indulto humanitario concedido en el 2017, la Corte Interamericana determinó que se debía considerar el impacto en el acceso a la justicia de las víctimas. En el 2019, la Corte Suprema encontró irregularidades en el trámite del indulto, aplicó los estándares desarrollados por la Corte Interamericana y confirmó que los padecimientos de Alberto Fujimori podían ser adecuadamente atendidos desde un centro penitenciario. 

Sin embargo, a finales de 2023, mediante un recurso de hábeas corpus, el Tribunal Constitucional restituyó los efectos del indulto sin realizar un control de convencionalidad y motivar su decisión a la luz de los estándares interamericanos si se cumplían los requisitos para el otorgamiento del indulto. A pesar de una orden urgente de la Corte Interamericana para abstenerse de liberarlo, Fujimori fue liberado antes de cumplir su condena y sin pagar reparaciones civiles a las víctimas. Al respecto, recordamos que Fujimori estuvo cumpliendo su condena en un penal exclusivo, donde tenía todo tipo de servicios que no significaban poner en riesgo su vida o su salud. 

No es la primera vez que el Estado de Perú omite considerar la afectación a los derechos de las víctimas frente a los beneficios al condenado Fujimori, como el otorgamiento del indulto. Esto, en última oportunidad, le ha valido para que la Corte Interamericana declare el grave desacato del Perú a cumplir con sus obligaciones internacionales por haber ejecutado la sentencia que restituye los efectos del indulto a Alberto Fujimori.  

Los familiares de las víctimas recuerdan al Estado peruano que aún subsisten temas pendientes de cumplimiento como el pago de las reparaciones civiles o sus respectivos intereses por la demora en su ejecución, la búsqueda de los desaparecidos y la implementación y cuidado de las reparaciones simbólicas. 

Los familiares y organizaciones representantes, llamamos la atención del Estado sobre su obligación de garantizar los derechos de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, por lo que debe cumplir con todo lo ordenado por la Corte Interamericana en sus sentencias, dentro de sus plazos respectivos, sin olvidar quienes son las víctimas en estas graves violaciones a los derechos humanos. 

Firmas: 

• Familiares de caso “La Cantuta” 
• Familiares de caso “Barrios Altos” 
• Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) 
• Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) 
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) 
• Instituto de Defensa Legal (IDL) 
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)  
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)