Víctimas en riesgo de quedar sin justicia: organizaciones y familiares de víctimas solicitan medidas provisionales a la Corte IDH ante leyes que promueven la impunidad en Perú

• La Ley de Prescripción y la recientemente promulgada Ley de Amnistía, representan un grave retroceso en el acceso a la justicia de miles de víctimas, entre ellas, de los casos Barrios Altos y La Cantuta.  
• En la audiencia ante la Corte IDH se expuso que ya existen decenas de solicitudes de aplicación de estas normas, mientras operadores de justicia que las han rechazado y buscan cumplir con la jurisprudencia interamericana sufren hostigamiento y amenazas 
• Solicitamos al Tribunal ampliar medidas provisionales para impedir la aplicación de leyes contrarias al derecho internacional y proteger a operadores de justicia y personas defensoras. 

San José de Costa Rica, 25 de agosto de 2025. –La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo una audiencia pública el pasado 21 de agosto para analizar la ampliación de las medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Desde CEJIL, Aprodeh, Fedepaz, IDL, Comisedh y CNDDHH, organizaciones representantes de las víctimas y familiares ante el Sistema Interamericano, alertamos al Tribunal sobre la grave amenaza que representan la nueva Ley de Prescripción y la recientemente promulgada Ley de Amnistía en el Perú, las cuales buscan reinstaurar mecanismos de impunidad expresamente prohibidos por la jurisprudencia interamericana. 

 Las decisiones de la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006) marcaron un hito al declarar la inadmisibilidad de las leyes de amnistía de 1995 y ordenar al Estado peruano investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Esos fallos, de alcance regional, consolidaron la prohibición de normas de impunidad contrarias al derecho internacional. Hoy, esas decisiones están en tela de juicio y adquieren plena vigencia frente a la aprobación y promulgación de la reciente  Ley de Amnistía, la cual reproduce los mismos vicios de la legislación de 1995 y desconoce abiertamente lo ordenado por la Corte. Esta nueva norma resulta una amenaza para más de 550 víctimas y familiares ante el riesgo de que se cierren de manera definitiva y sin una condena cientos de procesos judiciales,  incluso permitiría la liberación de condenados por crímenes de lesa humanidad, incluyendo a los responsables de Barrios Altos y La Cantuta.

 “Han pasado 34 años desde que se cometieron los hechos y no hemos dejado de luchar un solo día por conocer la verdad, lograr justicia y defender la memoria de las víctimas”, aseguro durante la audiencia una familiar de una víctima del caso Barrios Altos. “Hoy denunciamos esta pretensión de normalizar la impunidad y oficializar la injusticia. Nuestros Estados tienen la obligación de garantizar derechos y no premiar a los asesinos. No hay nada de digno en todo lo que nos hicieron y en todo el dolor que nos siguen causando”, sumó luego una familiar del caso La Cantuta.  

El impacto ya es tangible: en al menos 28 procesos judiciales se han presentado solicitudes de aplicación de la Ley de Prescripción y, en algunos casos, los jueces han debido recurrir expresamente a la jurisprudencia interamericana para impedir que prospere. En paralelo, operadores de justicia que cumplen con aplicar el control de convencionalidad enfrentan presiones, hostigamiento y amenazas de destitución. Además, la reciente aprobación de la Ley APCI, la cual impone un sistema de autorización previa sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento internacional, ha debilitado la labor de las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas, configurando un escenario cada vez más adverso y hostil. A ello se suma un discurso oficial que acusa a la Corte de violación a la soberanía peruana, sin tomar en cuenta que fue el propio Estado quien, libre y sobreanamente, se obligó a cumplir lo ordenado por la Corte. 

La promulgación de la Ley de Amnistía el 13 de agosto de 2025 constituye un hito particularmente grave: se trata de una norma adoptada por apenas 16 congresistas en segunda votación y promulgada en una ceremonia que contó, entre otros, con la participación de un General que fue condenado por ser autor mediato de los casos como Barrios Altos, desapariciones de los campesinos del Santa, Pedro Yauri, Santiago Gomez Palomino, la Cantuta y Caraqueño. Esta ley supone un nuevo riesgo para el derecho de acceso a la justicia y de las víctimas, y constituye un grave retroceso en el cumplimiento de lo ordenado en las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta reflejando con claridad la voluntad política de reinstaurar un régimen de impunidad. Como ejemplo, en el caso de El Frontón, ya se han presentado solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía a favor de 30 acusados. Como ejemplo, en el caso de El Frontón, ya se han presentado solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía a favor de 30 acusados. 

En este contexto, solicitamos a la Corte Interamericana que disponga con urgencia la ampliación de las medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta a fin de impedir la aplicación de la Ley de Amnistía; que reafirme de manera categórica que es inadmisible  toda forma de amnistía, prescripción u otra medida destinada a excluir la responsabilidad penal por graves violaciones de derechos humanos; que inste a los tribunales nacionales, en especial al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional del Perú a inaplicar estas normas mediante el control de convencionalidad; y que exhorte al Estado peruano a cesar los ataques contra jueces, fiscales, organizaciones y personas defensoras que cumplen con sus obligaciones internacionales. 

Las víctimas y familiares de Barrios Altos y La Cantuta llevan más de tres décadas esperando verdad y justicia. La decisión de esta Corte será crucial para impedir que las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno queden definitivamente impunes y para enviar un mensaje claro a toda la región: las leyes de impunidad no tienen cabida en el sistema interamericano. 

Firman:

• Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
• Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
• Instituto de Defensa Legal (IDL)