Venezuela debe garantizar el derecho a la manifestación pacífica

Washington, D.C. 25 de febrero, 2019.-  Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, expresamos nuestra preocupación ante los hechos de violencia ocurridos el pasado 23 de febrero en el marco de manifestaciones en apoyo del ingreso de ayuda humanitaria que cobró un saldo de más de 200 heridos y varias muertes.

Instamos nuevamente a las fuerzas de seguridad pública y sus autoridades a garantizar el derecho a la protesta, asegurando la integridad y la vida de las personas manifestantes; y absteniendose de un uso desproporcionado o excesivo de la fuerza contra quienes integran las protestas, entre ellos periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y agentes humanitarios.  Exhortamos al Estado venezolano a respetar plenamente la libertad de expresión, con miras a asegurar la protección y promoción de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación.

Por otra parte, frente a un contexto altamente polarizado, exigimos que Venezuela, al igual que los Estados de la región, respeten los estándares de protección desarrollados por el Comité Permanente entre Organismos (IASC) de Naciones Unidas para generar respuestas humanitarias, entre ellos la neutralidad, la imparcialidad, la independencia, la humanidad y el principio de no hacer daño.

Asimismo, en la medida que de que se intente solventar la grave situación por la que atraviesa Venezuela, recordamos que, en una Declaración de Sociedad Civil desarrollada en septiembre del 2018, 43 organizaciones de la sociedad civil rechazamos de manera vehemente la violación al principio de no intervención y uso de la fuerza en contra del pueblo venezolano. Por ello, continuamos condenando la posibilidad de una intervención militar. Apoyamos una solución pacífica, oportuna, y efectiva, apegada al derecho internacional y centrada en los derechos humanos de las y los venezolanos, a modo de no provocar más sufrimiento y dolor a los y las habitantes de este país. Nos solidarizamos con quienes, de forma pacífica y fundada en estándares internacionales de derechos humanos, se encuentran ejerciendo su trabajo para aportar a la construcción de una sociedad democrática dentro de Venezuela y con aquellos que se han visto forzados a abandonar su hogar.