Uruguay reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el incumplimiento de la sentencia del caso Gelman

Montevideo y Buenos Aires, 9 de septiembre de 2019.- Durante una audiencia privada de supervisión que tuvo lugar en Bogotá, el Estado uruguayo tuvo que rendir cuentas sobre lo que ha hecho para cumplir con la sentencia del caso Gelman, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hace ya 8 años. En este marco, las autoridades estatales reconocieron que no han sido suficiente los esfuerzos y las acciones que han emprendido, asumiendo que aún continúan sin cumplirse las reparaciones principales ordenadas por la Corte IDH.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtió sobre los principales obstáculos que no permiten que se avance de forma efectiva con lo ordenado, principalmente respecto a la investigación y juzgamiento de todos los responsables de la desaparición forzada de María Claudia García y de la sustracción de identidad de Macarena Gelman, crimen que continua impune. Las condenas que existen fueron por el delito de homicidio de María Claudia García y no por el de desaparición forzada, incumpliendo lo ordenado explícitamente por la Corte IDH.

También, durante la audiencia denunciamos los obstáculos que –pese a que se haya dejado sin efecto la Ley de Caducidad– siguen afectando el avance de los procesos, entre ellos la resistencia de la justicia a ejercer el control de convencionalidad, la falta de reconocimiento de los crímenes como de lesa humanidad, la falta de investigación de oficio, y las maniobras procesales dilatorias interpuestas por los imputados que son permitidas por los órganos judiciales.

Asimismo, informamos sobre los obstáculos que persisten para la búsqueda de las personas desaparecidas, y particularmente de María Claudia García Iruretagoyena. Más allá de las tareas de excavaciones que se han hecho hasta el momento y que han llevado a hallazgos importantes, no existen al día de la fecha una política integral para la búsqueda, ni planes basados y respaldados en una investigación exhaustiva. Es por ello que desde CEJIL insistimos en la necesidad de que el Estado cree e implemente una política integral para la búsqueda de todas las personas desaparecidas, que cuente con participación de las victimas en su creación, asegurando principalmente la coordinación entre los distintos poderes e instituciones del Estado que tienen competencia en esa materia.

Sobre ello, alentamos el debate en torno al nuevo proyecto de ley que le asigna a la INDDHH la responsabilidad de impulsar esta enorme tarea. Este proyecto tiene aspectos positivos, incluyendo la capacidad de contribuir más efectivamente con investigaciones. Sin embargo, nos preocupa que poner este nuevo mecanismo en marcha signifique una demora en el cumplimiento de la sentencia. Tampoco existe claridad sobre el presupuesto con el que contará la INDDHH y sobre cómo esta Institución va a colaborar y coordinar con el mandato de la fiscalía de investigar estos crímenes.

“El Estado debe buscar a las personas desaparecidas y debe hacerlo por todos los medios posibles, pero debe también garantizar justicia, ambas cosas” dijo María Noel Leoni, Directora del Programa para el Cono Sur y Bolivia de CEJIL. “Esperamos que la resolución de supervisión que vaya a emitir la Corte IDH sirva para establecer de forma contundente los criterios que deben guiar las acciones del Estado uruguayo para avanzar en el cumplimiento de esta sentencia, y que efectivamente las autoridades estatales tomen medidas concretas, sin que tengamos la necesidad en unos años de encontrarnos de nuevo ante la Corte Interamericana” puntualizó Leoni.