Urge cambio de Fiscal general en Guatemala

Ciudad de Guatemala, La Haya, San José y Washington DC, 9 de mayo de 2022.  Las organizaciones internacionales que seguimos de cerca la situación de Guatemala condenamos la política de persecución arbitraria y criminalización que ha emprendido la fiscal general, María Consuelo Porras, contra fiscales y jueces anticorrupción, periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos.  Lamentamos que esta persecución continúe, los hechos más recientes son las detenciones del exfiscal Eduardo Pantaleón y Virginia Laparra, quien desde hace dos meses guarda prisión en condiciones infrahumanas.

En repetidas ocasiones hemos denunciado que la fiscal general Consuelo Porras ha utilizado la institución para perseguir arbitrariamente a ex funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fiscales y jueces independientes con base en denuncias maliciosas, y ha provocado que más de 20 ex funcionarios de justicia hayan tenido que salir al exilio.  En septiembre de 2021, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a Consuelo Porras por obstruir la justicia y la lucha contra la corrupción, y recientemente el Parlamento Europeo cuestionó su posible reelección como fiscal general por el grave daño que ha causado al sistema de justicia del país.

Hacemos un llamado para que el presidente Alejandro Giammattei seleccione a una persona cuya honorabilidad no este comprometida para dirigir el Ministerio Público, que garantice la legalidad, y que cese la política de persecución arbitraria contra operadores de justicia, periodistas y personas que defienden los derechos humanos.  El presidente debe elegir a una persona que cumpla con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad que exige la Constitución guatemalteca, y debe demostrar absoluta independencia del poder político y las redes de corrupción, como lo establecen los estándares internacionales.

Es necesario que el próximo fiscal general respete el Estado de Derecho y cese la criminalización contra operadores de justicia, periodistas y personas que defienden derechos humanos; esto contribuirá para que la comunidad internacional y la población guatemalteca recuperen la confianza en el sistema de justicia del país.