Terminación del programa de protección temporal de 200.000 salvadoreños viola los derechos humanos de las familias y la niñez

Washington, D.C., 9 de enero del 2017.-  El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena el anuncio por parte del Departamento de Seguridad del Interior de Estados Unidos (DHS) revocando, desde el 9 de septiembre del 2019, el estatus de protección temporal (TPS) de más de 200.000 salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Estas personas, por su parte, tienen más de 190.000 niños y niñas ciudadanos estadounidenses, que ahora se encuentran en situación de suma incertidumbre y vulnerabilidad.

Conocido como TPS, por sus siglas en inglés, el estatus se aplicó para El Salvador en el 2001 luego de que un terremoto asolara al país. El programa permitió que las personas beneficiarias pudieran trabajar y residir legalmente dentro de los Estados Unidos. Desde entonces, múltiples administraciones estadounidenses han renovado el programa en reconocimiento de la situación de inseguridad y criminalidad que impera en el país. La terminación de este programa afectaría las posibilidades de reasentamiento de estas personas.

“A 17 años desde que entrara en vigor, muchas de las personas que se quedaron en Estados Unidos, gracias al estatus de protección temporal, han tendido raíces, se asentaron en comunidades, estudian, trabajan, empezaron negocios y familias, y forman parte del tejido social de este país. Esta decisión de eliminar el TPS destruirá miles de lazos familiares e ignora los derechos humanos fundamentales a la protección de las familias y los derechos de los niños, muchos de los cuales son ciudadanos americanos que se verían obligados a quedarse en Estados Unidos sin familiares o de regresarse a un país con el que no tienen mayor vínculo ni conocimiento alguno” dijo Francisco Quintana, director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe. “Por otra parte, el decreto se está aplicando sin evaluar otras consideraciones humanitarias importantes, como el regreso de estas personas a un país con una de las tasas de homicidio más altas del mundo, al igual que altos índices de corrupción y pobreza, con nula infraestructura para facilitar un reasentamiento masivo”.

A partir del anuncio por parte del DHS, los salvadoreños y las salvadoreñas a los que se les otorgó el estatus, tendrán hasta septiembre del 2019 para regresar a su país de origen o conseguir un permiso de residencia por otra vía legal. Una vez revocado el TPS, estas personas estarán en riesgo de deportación. Sin embargo, cabe señalar que las obligaciones internacionales de Estados Unidos requieren que, frente a una potencial deportación haya un estudio individualizado de cada caso, que determine si una persona será regresada a una situación de riesgo y analice la posible afectación a los derechos de los hijos, siendo algunos de ellos ciudadanos americanos.

Este es el tercer grupo de beneficiarios del TPS que se ha visto afectado por la revocación del estatus. Previamente, en noviembre del 2017, la Administración Trump canceló el TPS para beneficiarios de Haití y Nicaragua, afectando a unos 50.000 haitianos y 2.500 nicaragüenses.

Tras la cancelación del programa para las personas salvadoreñas, queda pendiente una decisión sobre los 61.000 beneficiarios hondureños.