¡Son nicaragüenses! La privación arbitraria de la nacionalidad es una violación de derechos humanos

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denuncia una nueva violación de derechos humanos cometida en Nicaragua contra 94 personas a quienes se les ha privado arbitrariamente de su nacionalidad, al acusarles de cargos de “traición a la patria” y considerarles “prófugos de la justicia”.

Se trata de personas críticas al violento régimen de Ortega y Murillo y entre ellas se encuentran periodistas, activistas, políticos, políticas, intelectuales y religiosos. Estas 94 personas se suman a los 222 prisioneros políticos que fueron liberados de las cárceles nicaragüenses y desterrados del país el pasado 9 de febrero.

Para CEJIL resulta alarmante este nuevo mecanismo de represión contra quienes se atreven a cuestionar o criticar al régimen y nos preocupa particularmente la situación en la que quedan las personas que permanecen en Nicaragua, entre ellas las destacadas defensoras de derechos humanos Azahalea Solís y Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y merecedora de importantes reconocimientos internacionales.

Sabemos que para estas personas su condición de nicaragüenses no depende de disposiciones dictadas en su contra sin asidero legal y a contrapelo del derecho internacional; su compromiso, sus afectos y sus voluntades les hacen saber que son y siempre serán nicaragüenses. Pero la decisión del Estado nicaragüense coloca a estas personas en riesgo de apatridia. Como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la apatridia tiene como consecuencia imposibilitar el goce de los derechos civiles y políticos de una persona, y ocasionarle una condición de extrema vulnerabilidad”.

Nos sumamos a las voces que exigen al gobierno de Daniel Ortega la inmediata restitución de este derecho, así como la garantías de que serán protegidos sus derechos humanos. Demandamos también el cese de la persecución política a la ciudadanía. Finalmente, solicitamos a los Estados en cuyo territorio se encuentran las personas desterradas que adopten medidas necesarias para la protección de sus derechos.

San José, Costa Rica. 16 de febrero de 2023