8 de julio de 2022 Comunicado de Prensa

Se firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado de Bolivia después de 28 años de los hechos que vulneraron gravemente los derechos humanos de la señora Marcela Alejandra Porco

Buenos Aires, La Paz, Julio 7 de 2022-. A 28 años de los hechos de tortura, tratos inhumanos y degradantes, y violencia sexual,  cometidos por  agentes del Estado boliviano contra la ciudadana  argentina Marcela Alejandra Porco, se llegó a un acuerdo de solución amistosa donde el Estado boliviano reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de la víctima.  El Estado  plasmará su pedido de disculpas  mediante una misiva formal, a su vez  se comprometió a brindar reparación a Antonela Grisi, su hija,  a cumplir con medidas de no repetición entre las cuales  se encuentra la de adecuar la legislación interna a los estándares internacionales relativos a la prevención de tortura y emitir un instructivo dirigido a fuerzas penitenciarias y policiales, que contemple deberes específicos para respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

La Sra. Marcela Alejandra Porco, ciudadana argentina, fue detenida el 2 de junio de 1994 por las autoridades bolivianas en el aeropuerto de Santa Cruz – Bolivia, bajo el cargo de transporte de sustancias controladas. Posteriormente, fue trasladada al Centro de Rehabilitación de Santa Cruz «Palmasola» y alojada en una celda de aislamiento donde a raíz del tiempo que permaneció en dicho penal, las inadecuadas condiciones de su detención y la falta de provisión de un tratamiento médico adecuado que respondiera a sus necesidades de salud mental, sufrió un grave deterioro en su salud. Además, la Sra. Porco denunció haber sido víctima de violación sexual mientras se encontraba bajo la custodia del Estado.

El 14 de mayo de 1999, la familia de la Sra. Porco y su representante, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando la violación de derechos humanos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el año 2009, la Comisión Interamericana  abrió un proceso de diálogo entre las partes, con el objeto de explorar la posibilidad de una solución amistosa del caso. Lamentablemente, la Sra. Porco falleció el 13 de agosto del 2011, sin haber obtenido justicia y reparación por las violaciones de derechos que sufrió. Su hija, Antonela Grisi, y sus abuelos maternos continuaron impulsando el proceso de solución amistosa.

El 3 de mayo de 2019, fruto del diálogo construido, el Estado Plurinacional de Bolivia derogó el artículo 74 de la Ley 1.008 que prohibía las internaciones médicas fuera de los recintos carcelarios, para personas procesadas por los delitos tipificados en esta ley, como sucedió en el caso de la Sra. Porco. En el  día de hoy, su hija, acompañada por CEJIL, firmó oficialmente el acuerdo amistoso con el Estado de Bolivia y ante la trascendencia del hecho expresó:

“Hoy es un día muy significativo para mi familia y para mí en particular, no es sólo una firma de un documento, sino que representa la reivindicación de la lucha por los derechos humanos y el reconocimiento a la verdad sobre Marcela Porco, que no es “un caso” sino que es mi mamá. Ni ella ni mi abuela pudieron estar presentes en vida para poder aliviar y sanar, pero celebro que se haya llegado hasta aquí luego del trabajo de tantos años insistiendo en la necesidad de visibilizar estos actos aberrantes sin ánimos de culpar de manera directa a nadie sino para que no vuelvan a suceder y que todos estemos alineados en defender las garantías de cada individuo. Tampoco quiero que suene como algo liviano, todo lo contrario, me cuesta olvidar y perdonar ya que cuando me devolvieron a mi mamá era otra persona, triste e irreconocible físicamente. Pero no guardo rencor y confío en las personas e instituciones que hacen que este dolor se transforme en justicia, pero sobre todo en no repetición.

Agradezco de corazón a cada una de las personas de CEJIL que no sólo estuvieron en cada detalle de asesoramiento, sino que me acompañaron en todo momento desde la escucha y el entendimiento de que no era una mera cuestión legal, haciendo foco en que son historias y experiencias de vida atravesadas por emociones. Extiendo también las gracias y el cariño a la CIDH que participaron de intermediarios y en pos del mismo fin, y a un Estado boliviano predispuesto a colaborar.

Por último, expresar que mi mamá está y estará siempre presente en cada línea de este escrito que firmamos, dejando sutilmente plasmada su manera de ser de rebeldía con causa, molestándose por las injusticias y poniendo el cuerpo y la palabra a la lucha. Me quedo con eso, totalmente movilizada, pero en paz. Gracias infinitas.»