Saludamos condena a responsables del asesinato de Mariela Barreto

Washington DC, junio 19 de 2023. El viernes 16 de junio del presente, la cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia especializada de Perú condenó a Vladimiro Montesinos Torres y Santiago Enrique Martín Rivas a 23 años de prisión; Edmundo Sánchez Noriega a 15 años y José Salinas Zuzunaga a 8 años de prisión por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército peruano (SIE), Mariela Barreto.

La investigación inicial, del hecho que fue ejecutado con particular crueldad en 1997, estuvo caracterizada por demoras injustificadas, ineficacia y denegación de justicia; lo que concluyó con el archivamiento provisional de la denuncia proveniente de los familiares de la víctima.

En consecuencia, el 12 de noviembre de 1998, durante una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH a Perú, sus familiares presentaron una petición inicial sobre estos hechos. Posteriormente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación por Derechos Humanos (APRODEH) asumimos su representación.

El 22 de diciembre de 2001, las partes celebramos un acuerdo de solución amistosa en el que el Estado peruano asumió su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de Mariela Barreto y se comprometió a: “realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante” de los mismos. Durante 26 años después de haber ocurrido los hechos y 22 desde el acuerdo internacional con el Estado peruano, la familia de Mariela junto con APRODEH y CEJIL hemos mantenido la búsqueda de justicia por la tortura y ejecución extrajudicial de la víctima.

Para CEJIL y APRODEH las condenas emitidas el día de hoy son un importante avance en el cumplimiento de este compromiso, pero además, una respuesta aunque tardía, al anhelo de justicia de los familiares de Mariela Barreto. Sin embargo, llamamos la atención del Estado peruano para que logre la captura de los prófugos Sánchez Noriega y Salinas Zuzunaga, así como para que declare Nula la absolución de Nicolás Hermoza Ríos, quien fuera comandante general de las Fuerzas Armadas en aquel entonces.