República Dominicana ausente en audiencia de revisión de cumplimiento de dos fallos Interamericanos

San José, 11 de febrero, 2019.- Las representantes de las víctimas de dos casos de violaciones al derecho a la nacionalidad provocado por la discriminación que sufren las personas dominicanas de ascendencia haitiana denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la falta de comparecencia y el incumplimiento con sus obligaciones internacionales por parte de República Dominicana.

“Resulta lamentable y preocupante la falta de disposición por parte del Estado dominicano de presentarse ante el Tribunal Interamericano, particularmente porque en los últimos cinco años, no ha habido avances en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana,” señaló Florencia Reggiardo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Con el paso de tiempo la situación sigue siendo crítica. Tres de las víctimas de uno de los casos han muerto a la espera de una respuesta por parte del Estado y cientos de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana continúan siendo afectadas por la denegación del derecho a la nacionalidad, por la discriminación y la apatridia”.

Abogadas de CEJIL y el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) señalaron que, a partir del 2014, el Estado dominicano no ha remitido ninguna información sobre sus esfuerzos en cumplir con las sentencias emitidas frente a los casos de dos niñas cuya nacionalidad les fue negada y de personas dominicanas y haitianas expulsadas del país.  Hasta la fecha, la normativa legal dominicana sigue limitando el acceso a la nacionalidad de muchas personas dominicanas de ascendencia haitiana. Por otra parte, la tendencia de invisibilizar este grave problema, al igual que la ausencia del Estado en la audiencia, prolonga el sufrimiento para las víctimas y sus expectativas de ser reparadas.

Asimismo, se recalcó que ambos fallos incluían la adopción de medidas para evitar la repetición de la privación discriminatoria del derecho a la nacionalidad. Sin embargo, hasta la fecha, los esfuerzos del Estado para abordar la crisis generada por la desnacionalización retroactiva y masiva a través de la Sentencia 168 del 2013 del Tribunal Constitucional dominicano siguen siendo inefectivos. En este sentido, la Ley 169 del 2014 ha generado nuevos perfiles de personas, con problemas distintos para acceder a sus documentos de nacionalidad y los derechos que surgen a partir de ellos. CEJIL y MUDHA destacaron que de todas las víctimas dominicanas de la sentencia de personas expulsadas, ninguna ha conseguido una cédula de identidad dominicana desde la emisión de la sentencia.

“Gracias a la sentencia, una de nuestras víctimas logró obtener sus documentos de identidad, y pudo avanzar en sus estudios,  llegando a la universidad a estudiar psicología”, señaló Jenny Morón, abogada de MUDHA,  “Sin embargo, hay muchos jóvenes que aún recorren por esta situación de falta de documentación. Esto previene que puedan estudiar, trabajar, casarse y ser alguien en el mañana”.

La audiencia se desarrolló a tan solo una semana de que el Estado dominicano fuera examinado por tercera vez ante el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante este ejercicio, al cual República Dominicana sí compareció, diversos Estados realizaron 22 recomendaciones en materia de nacionalidad y apatridia, entre ellos Honduras, Montenegro, Costa Rica, Haití, Perú, España, México, Barbados, Serbia, Argentina, Ecuador, Francia, Australia, Ucrania, Canadá, Italia, Brasil, Alemania, Islandia, Irlanda, Uruguay y Estados Unidos.  Asimismo, grupos de sociedad civil exigieron mayor cumplimiento por parte del Estado con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte IDH.

Ante ello, las organizaciones representantes exigieron que la Corte hiciera un llamado a República Dominicana a participar en un diálogo con sociedad civil dentro del tribunal interamericano, señalando la obligación vinculante que atañe al Estado de cumplir con sus sentencias y obligaciones internacionales, para avanzar en el cumplimiento de las medidas de ambos casos.