Representantes del grupo de 28 mujeres ex-presas políticas que denuncian tortura y violencia sexual ejercida por agentes del Estado durante la dictadura militar uruguaya participaron en audiencia ante la CIDH

La audiencia temática de oficio se realizó de manera virtual e incluyó organizaciones de diferentes países de América Latina

Buenos Aires, Washington DC, octubre 25 de 2022. El Centro por el Derecho y la Justicia internacional – CEJIL y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República participaron en la audiencia temática de oficio «Reparación con perspectiva de género y diversidad en la justicia transicional» como representantes de un grupo de 28 mujeres ex-presas políticas que denuncian violencia sexual y tortura en el contexto de la dictadura cívico-militar uruguaya, especificamente entre 1968-1985. Al momento de los hechos, las mujeres eran militantes de distintos partidos políticos y gremios, y estuvieron retenidas en diferentes centros de detención en todo el país.

Durante la audiencia, los y las comisionadas de la CIDH escucharon a Flor de Ma. Meza, quien manifestó que pasados 37 años del regreso a la democracia, los avances para la reparación integral han sido insuficientes, lentos, y casi siempre acompañados de retrocesos. “La consistencia entre las denuncias muestra que no fueron hechos aislados. La violencia sexual fue usada como una estrategia del Estado para castigar, humillar y violentar a las mujeres presas políticas, en un doble castigo por su militancia y su condición de mujeres, por haberse atrevido a desafiar mandatos de género, los mismos que aún hoy siguen vigentes.Las víctimas siguen esperando justicia y una reparación integral. Algunas han fallecido sin lograrlo”, expresó.

Por su parte, Antonia Yañez,una de las mujeres integrantes del colectivo de denunciantes, se refirió al significado de la reparación integral. Afirmó que la reparación necesita justicia, verdad y salud para ser integral  pero que los obstáculos en la justicia son múltiples: no se utiliza el control de convencionalidad, no se impulsan las investigaciones y se descarta el carácter imprescriptible y de lesa humanidad de los delitos. Para ser reparadas en verdad, aseguró que el grupo requiere que se diseñen e implementen programas de educación para la igualdad, desde la primera infancia que prevengan, intervengan y erradiquen violencias basadas en género en todos los niveles educativos. Finalizó pidiendo que se restauren los servicios de atención psicológica y psiquiátrica que recibían las ex presas políticas, así como sus hijos y nietos, que fueron interrumpidos hace dos años y que son obligados  por  el artículo 10 de la Ley 18.596.

La comisionada Roberta Clark dijo que comprendía muy claramente lo expresado por las organzaciones en relación a que la justicia con perspectiva de género empieza con acabar el silencio y la invisibilidad de las violencias. “Existen dos ejes fundamentales de la invisibilidad: primero la invisibilización del daño que causó la experiencia violenta y segundo la invisibilidad de los perpetradores que no han sido castigados.”  Por su parte, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, expresó el interés de la CIDH de conocer metodologías y experiencias que hayan sido implementadas en los países para la efectiva participación de las víctimas y expresó la importancia de pensar en formas de  inclusión de las personas s trans .en la justicia y reparación que respeten sus experiencias y sus identidades 

El comisionado Joel Hernández enfatizó su voluntad de apoyar a los Estados en la elaboración de su normatividad interna en términos de reparación con perspectiva de género y enfatizó la importancia de capacitar a los operadores de justicia en este sentido. 

En respuesta a las manifestaciones de los/as comisionados/as Antonia Yañez señaló: “Fuimos y somos luchadoras sociales, intentaron quebrarnos, pero no lo lograron. Seguimos trabajando con esperanza para construir nuestro país en un marco institucional que brinde a nuestros hijos, hijas, nietas, nietos y generaciones futuras las garantías de no repetición de la violencia ejercida por ser mujeres, por ser militantes y por buscar justicia social para todas las personas que habitan Uruguay.”

Una vez terminada la audiencia, hemos reiterado el petitorio expuesto en el marco de la audiencia realizada el año pasado: la realización de una visita virtual y la aportación de una nota técnica sobre estándares de investigación en casos de violencia sexual y graves violaciones a los derechos humanos.