Reflexiones en torno a la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad en Honduras

La entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad con las debilidades señaladas en este documento no debe ser motivo de celebración. Tampoco puede considerarse que este anuncio allane el camino para que el Estado de Honduras se reintegre sin condiciones a la comunidad internacional.

Las limitaciones legales y económicas con que inicia su trabajo esta Comisión comprometen el serio funcionamiento y los resultados que se podrían obtener. Ello, lejos de aportar a un proceso serio de reconciliación, podría generar mayores indignaciones y agravios. El Estado de Honduras –que va más allá del Ejecutivo– continúa sin dar muestras serias de voluntad política de esclarecer los hechos ocurridos el 28 de junio y sentar las responsabilidades a quienes corresponda. Lejos de ello, los pasos hasta ahora dados son contradictorios, débiles y cuestionan su independencia respecto de quienes lideraron el régimen de facto.

CEJIL hace un llamado a los distintos actores sociales nacionales e internacionales para que exhorten al Estado de Honduras a rectificar el rumbo de la Comisión de la Verdad de conformidad con los estándares internaciones establecidos para estos efectos.

A los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, así como las agencias de cooperación y la comunidad de Estados se les solicita revalorar el apoyo político y económico a esta iniciativa hasta tanto no se realice un proceso participativo, inclusivo y consensuado que cumpla con estándares mínimos que demuestren una voluntad real de garantizar el derecho a la verdad del pueblo hondureño.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le insta para que se pronuncie respecto de las deficiencias de la Comisión de la Verdad y específicamente señale su preocupación por la exclusión de las violaciones de derechos humanos como parte del mandato esencial que debería tener todo proceso de justicia transicional.

A los órganos y relatores de Naciones Unidas, a mantener una supervisión continua sobre la situación en que se encuentra Honduras y a monitorear el cumplimiento del informe emitido por la Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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