Pueblo indígena Sarayaku está en riesgo
Washington, D.C. 21 de octubre de 2005
El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció sobre el riesgo que corren los habitantes de la comunidad indígena Sarayaku, en Ecuador. Esto debido a las actividades petroleras que la Compañía General de Combustibles (CGC) ha llevado a cabo en el territorio ancestral de este pueblo, con el consentimiento y aquiescencia del gobierno. Los representantes del pueblo Sarayaku, ante la CIDH, son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos, Económicos y Sociales (CDES).
El 26 de julio de 1996, Ecuador otorgó una concesión a favor de la CGC, el denominado bloque petrolero 23, que comprende una extensión de 200.000 hectáreas en la amazonia ecuatoriana, de las cuales un 65% afectan al territorio Sarayaku. Este pueblo está compuesto por seis comunidades y cerca de mil habitantes. Su territorio ancestral comprende aproximadamente 135.000 hectáreas. La comunidad no fue informada, ni consultada sobre esta concesión.
Por su parte, el Ministerio de Energía ecuatoriano informó que hay un total de 1.473 kilogramos de pentolita, un peligroso explosivo, dispersos en el territorio ancestral del pueblo Sarayaku, el cual fue colocado por la empresa CGC. Esto pone en riesgo la vida de toda la población, incluyendo a los niños y niñas.
Desde el año en que fue otorgado el permiso a la empresa petrolera, el pueblo indígena mostró su disconformidad, e incluso en el año 2000 ratificó su posición de manera terminante, a través de su Asamblea General. Durante todo este tiempo el pueblo Sarayaku ha sufrido la ocupación arbitraria de su territorio, la deforestación de bosque tropical, el ingreso inconsulto y violento de trabajadores petroleros, guardias de seguridad privados y personal del ejército ecuatoriano. Ante esta situación, los miembros del pueblo Sarayaku se movilizaron para defender su territorio.
El 15 de enero de 2005, cuatro jóvenes de Sarayaku fueron detenidos, secuestrados y sometidos a tratos crueles e inhumanos por miembros del ejército y empleados de la CGC. Hoy, el indígena Fabián Grefa, una de estas víctimas, rindió declaraciones acerca de estos hechos, ante la CIDH.
Para las comunidades indígenas la tierra está íntimamente relacionada con su existencia, en particular para el pueblo Sarayaku el despojarlos de sus territorios significa destruir la vida, tanto individual, como colectivamente, así lo indicó Hilda Santi, presidenta del pueblo Sarayakyu, ante la Comisión Interamericana.
Los peticionarios denunciaron ante la CIDH que “la actividad petrolera en el territorio Sarayaku…viola el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, e integridad, de los derechos, económicos, sociales y culturales”. Además las organizaciones consideraron que el ingreso de la petrolera y el desarrollo de actividades por parte de esta empresa son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Contacto en Washington:
Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: [email protected] y [email protected]
www.cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.