Preocupación por el uso ilegítimo de la fuerza en las manifestaciones durante debate de la Ley Ómnibus en Argentina

Buenos Aires -Washington DC, febrero 02 de 2024 – Desde el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional -CEJIL expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza ejercido por fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que tuvieron lugar los días 31 de enero y 01 de febrero, en el marco del debate legislativo en el Congreso Nacional del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, también conocida como Ley Ómnibus.  

Información de acceso público indica casos de uso de balas de goma, irritantes químicos y otros medios y armas menos letales con el objetivo de reprimir y dispersar ilegítimamente a personas manifestantes y periodistas que ejercían su derecho de libertad de expresión y reunión de manera pacífica. La información disponible también incluye denuncias de detenciones arbitrarias de personas manifestantes por parte de la policía federal y preocupación ante el uso de armas menos letales que podrían no cumplir con estándares internacionales.   

El operativo de las fuerzas de seguridad se enmarcó en la Resolución 943/2023, conocida como “Protocolo Antipiquetes”, emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación el pasado diciembre, tras la asunción del gobierno de Javier Milei. Este protocolo ha generado diversas críticas por su incompatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a la protesta pacífica y regulan el uso de la fuerza, incluyendo el pronunciamiento de tres Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Desde CEJIL recordamos que el derecho a la protesta pacífica tiene un rol fundamental en la defensa de la democracia y los derechos humanos y se encuentra protegido por instrumentos internacionales que protegen el derecho de libertad de expresión y reunión de los que Argentina es parte y que tienen jerarquía constitucional. Dichos estándares exigen que se garantice el derecho a la protesta pacífica, incluyendo a través de restringir el uso de la fuerza a la persecución de fines legítimos y al estricto apego a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, la protección del derecho a la vida y la integridad de las personas manifestantes exige la restricción en el uso de la fuerza conforme estos estándares internacionales y la regulación adecuada de los medios de fuerza utilizados y las formas de implementación, incluyendo garantizar transparencia e información sobre los mismos. El incumplimiento de estas obligaciones puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.  

En nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos en la región, hacemos un llamado al Estado a respetar sus obligaciones internacionales, incluyendo a través de garantizar la adecuación de los marcos legales y de las actuaciones de las fuerzas de seguridad a los estándares internacionales, la producción de información sobre los medios y armas menos letales utilizadas por las fuerzas de seguridad, y la investigación efectiva de los hechos de lesiones y detenciones denunciadas.