Preocupación por el uso excesivo de la fuerza y vulneración del derecho a la protesta en Argentina

• Durante la protesta del 12 de marzo, alrededor de 120 personas fueron detenidas y varias fueron heridas, entre ellas un reportero gráfico que se encuentra en grave estado. 
• La represión se enmarca en el “Protocolo Antipiquetes”, incompatible con estándares internacionales de derechos humanos. 
• Argentina debe garantizar el derecho a la protesta pacífica y adecuar sus políticas de seguridad a los estándares internacionales. 

Buenos Aires, Argentina. 14 de marzo de 2025. – Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza ejercido por fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que tuvieron lugar el miércoles 12 de marzo.  En este contexto se detuvieron alrededor de 120 personas, de las cuales 114 fueron liberadas por orden judicial. Resultaron heridas personas trabajadoras de prensa, jubilados y jubiladas e integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales. Entre las personas heridas, destaca el caso del reportero gráfico Pablo Grillo quien se encuentra internado en grave estado tras haber recibido un impacto de un cartucho de gas en la cabeza que le generó traumatismo de cráneo grave, y pérdida de masa encefálica. La represión se dio en el marco de una manifestación encabezada por jubilados y jubiladas, que cada miércoles se reúnen frente del Congreso Nacional con el fin de pedir un aumento en sus jubilaciones y recuperar el acceso gratuito a determinados medicamentos. 

El operativo de las fuerzas de seguridad se enmarcó en la Resolución 943/2023, conocida como “Protocolo Antipiquetes”, emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2023, tras la asunción del gobierno de Javier Milei. Este protocolo es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a la protesta pacífica y regulan el uso de la fuerza.  

Desde CEJIL recordamos que el derecho a la protesta pacífica tiene un rol fundamental en la defensa de la democracia y los derechos humanos y se encuentra protegido por instrumentos internacionales que protegen el derecho de libertad de expresión y reunión de los que Argentina es parte y que tienen jerarquía constitucional. Dichos estándares exigen que se garantice el derecho a la protesta pacífica y al estricto apego a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, la protección del derecho a la vida y la integridad de las personas manifestantes exige la restricción en el uso de la fuerza conforme estos estándares internacionales y la regulación adecuada de los medios de fuerza utilizados y las formas de implementación, incluyendo garantizar transparencia e información sobre los mismos. El incumplimiento de estas obligaciones puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.   

En nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos en la región, hacemos un llamado al Estado a respetar sus obligaciones internacionales. Argentina debe garantizar la adecuación de los marcos legales y de las actuaciones de las fuerzas de seguridad a los estándares internacionales, rendir cuentas sobre la utilización de medios y armas menos letales por las fuerzas de seguridad, e investigar eficazmente los hechos de lesiones y detenciones denunciadas.