Por mujeres en la Corte: piden a la justicia que anule el nombramiento de dos varones al máximo tribunal por manifiestamente inconstitucional y discriminatorio

La Red Mujeres para la Justicia, integrada por juezas y funcionarias judiciales de distintos fueros y tribunales del país, demandó la inconstitucionalidad de la propuesta del presidente de designar dos varones más en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la abierta violación a sus obligaciones convencionales, constitucionales y reglamentarias. 

Actualmente, el máximo tribunal está integrado completamente por varones. Frente a este escenario, no sólo no se dan pasos para revertir esa situación, sino que, en cambio, se avanza en el sentido opuesto y se profundiza la subrepresentación estructural de las mujeres, en una clara violación al derecho de igualdad real entre varones y mujeres, y con serio impacto en la calidad democrática de nuestras instituciones. Por eso, además de cuestionar la propuesta, las juezas pidieron a la Justicia que ordene al Senado que no comience con el análisis de estos pliegos hasta que el planteo sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos se resuelva, ya que avanzar en ese proceso sería convalidar un acto manifiestamente inconstitucional. 

En 162 años de historia, solo tres mujeres (frente a 104 hombres) lograron alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema. Frente a ello, es un deber del presidente promover mujeres para la Corte que reúnan las altísimas cualidades, idoneidad y compromiso con los derechos que se requieren para semejante función; sin embargo, el presidente le pidió al Senado que preste el acuerdo para sumar dos varones más a los tres con los que quedará integrado el tribunal a fin de año. 

Pese a que cientos de organizaciones, asociaciones judiciales y académicas y colegios profesionales impugnaron los nombramientos, esos reclamos no fueron atendidos. En los mensajes de elevación de los pliegos, el Ejecutivo consideró que integrar el tribunal con una composición de género diversa era una “exigencia que, en la medida de lo posible, corresponde ser tenida en cuenta, pero que de ninguna manera resulta excluyente” para la postulación de los candidatos. La respuesta es errónea: ocupar órganos públicos, especialmente cargos jerárquicos y de poder, es un derecho político básico de las mujeres y el Estado tiene la obligación de hacerlo efectivo. ¿Cómo? Empezando por postular y seleccionar mujeres para ocupar cargos públicos allí donde faltan, como sin duda ocurre en el máximo tribunal.

La subordinación estructural e histórica de las mujeres en la sociedad les ha impedido el acceso a los puestos de mayor jerarquía en el Estado en general, en el Poder Judicial en particular, y más específicamente en la Corte. Pese a que, en el sistema judicial argentino, el 57% del personal del Poder Judicial está conformado por mujeres, ellas ocupan solo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal y solo el 29% de las máximas autoridades del Poder Judicial. 

La causa trámite bajo el número CAF 10637/2024 y quedó radicada ante el Juzgado No. 8 en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de la Dra. Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. La acción cuenta con el respaldo de Amnistía Internacional, ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).