Política migratoria en Estados Unidos: un boletín para organizaciones mesoamericanas – Junio 2020

1. Nueva propuesta reglamentaria transformaría el sistema y los criterios de asilo y otras formas de protección internacional
2. Proclamación presidencial extiende prohibición sobre entrada de ciertas personas en el marco de COVID-19
3. Litigio impugna política de expulsiones en la frontera en el marco de la pandemia
4. Decisión de Corte Suprema impide revocación de DACA
5. Corte Suprema falla en contra la revisión judicial de órdenes de deportación de solicitantes de asilo en trámites acelerados
6. Decisión judicial anula política que limita asilo por motivo de tránsito por un tercer país

ACCIONES EJECUTIVAS

En esta sección resumimos algunas de las actuaciones del Poder Ejecutivo estadounidense implementadas durante el pasado mes que impactan los derechos humanos de las personas migrantes.

1. Amplia propuesta de enmienda reglamentaria busca restringir dramáticamente la posibilidad de protección internacional en Estados Unidos

1. Se busca cambiar el procedimiento para asilo en frontera. Aquellas personas que demuestren un temor creíble ante un agente de DHS serían referidas a un procedimiento abreviado y acelerado ante una corte de migración. Actualmente, personas con un temor creíble entran en procedimientos para una revisión completa de su elegibilidad para protección internacional u otras categorías migratorias disponibles. 
2. Se aumentaría la carga de prueba en las entrevistas de temor creíble en frontera para quienes no son elegibles para asilo y buscan withholding of removal o protección bajo la Convención contra la Tortura. Actualmente, una persona que llega a la frontera tiene que demostrar una “posibilidad significativa” de sufrir persecución o tortura, y posteriormente se abordan temas de elegibilidad para distintas formas de protección. La propuesta establecería dos procedimientos distintos en la frontera, requeriría una determinación de elegibilidad para solicitar asilo por parte de agentes del DHS, y aumentaría la carga de prueba a una “posibilidad razonable” de persecución o tortura.
3. Se cambiarían los criterios para poder demostrar un temor creíble en la frontera para incluir la consideración sobre la posibilidad de reubicación interna para evitar persecución o tortura en el país de origen y se reducirían las circunstancias en las cuales se referiría una determinación adversa por parte del DHS para revisión por las cortes migratorias.
4. Se ampliarían los criterios para considerar una solicitud para protección como “frívola”, la cual impide que la persona solicitante pueda acceder a otras categorías migratorias en el país, y permitir que oficiales de DHS hagan esas determinaciones. Actualmente, son jueces y juezas migratorias quienes toman esas decisiones.
5. Se suprimiría la necesidad de una audiencia individualizada y la oportunidad de comparecer ante la corte de migración cuando no exista una disputa fáctica y facultaría a las y los jueces con la competencia de negar una solicitud que no demuestra elegibilidad prima facie. 
6. Se sumarían requisitos para poder demostrar pertenencia a un “determinado grupo social”, la existencia de una “opinión política”, o “persecución”, efectivamente haciendo más difícil cumplir con ellos para propósitos de asilo o withholding of removal, particularmente para quienes huyen de violencia basada en género o amenazas por parte de pandillas. Además, la propuesta reglamentaria obligaría a la persona solicitante a ofrecer una definición del determinado grupo social, mientras actualmente, la o el juez de migración puede extraer esta definición de sus declaraciones, particularmente en aquellos casos donde no se cuenta con representación legal.
7. Se ampliarían los criterios para el ejercicio de discreción por parte de la o el tomador de decisión para la consideración de factores negativos, entre otros: la entrada irregular al país, la falta de haber solicitado protección en un país de tránsito y el uso de documentos fraudulentos.