Publicado en los últimos días de junio de 2020, un nuevo reglamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) impone nuevas restricciones sobre el acceso a un documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para personas solicitantes de asilo. Actualmente, las personas que solicitan asilo tienen derecho a recibir un EAD si su solicitud ha permanecido pendiente durante más de 180 días. De acuerdo con la nueva norma, este plazo se extendería a 365 días, limitando el acceso de las personas solicitantes de asilo a una autorización de trabajar para poder cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de tramitación. Además, establece nuevas y amplias categorías de personas excluidas de elegibilidad para un EAD e incorpora la discreción del DHS en la decisión de si se otorga la autorización o no.

 

En julio de 2020, el Center for Gender & Refugee Studies publicó un resumen práctico del nuevo reglamento, y llevó a cabo un webinar sobre el tema, como herramientas para organizaciones interesadas.

 

A diferencia a algunas otras iniciativas ejecutivas anunciadas en los últimos meses, esta nueva norma representa la culminación del proceso reglamentario y se encuentra en su versión final. Según sus términos, empezará a regir a partir del 25 de agosto de 2020. Sin embargo, el 21 de julio, organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda en contra del mismo, junto con otro cambio normativo que elimina el límite de 30 días que tiene el gobierno para procesar las solicitudes para los EAD, buscando la suspensión provisional y la invalidación del reglamento. 

 

 

A través de una propuesta publicada el 9 de julio, el ejecutivo estadounidense busca enmendar los reglamentos del DHS y el Departamento de Justicia para codificar exclusiones de elegibilidad para asilo basadas en una supuesta amenaza a la seguridad pública asociada con el COVID-19 y otras enfermedades contagiosas. Al aprobarse estos cambios reglamentarios se excluiría de elegibilidad a personas que hayan transitado por países dónde el COVID-19 es extendido, aún si en el caso específico de la persona, no hay indicios de portar el virus. Según el análisis de algunas organizaciones, las disposiciones propuestas podrían aplicarse a personas que han sido expuestas a condiciones propicias al contagio, como son los centros de detención migratoria en Estados Unidos. Además, las propuestas de enmiendas permitirían que estas dos instituciones tengan amplia capacidad para determinar cuáles enfermedades o condiciones de salud representan una amenaza para la salud pública. El plazo para presentar comentarios oficiales sobre la propuesta reglamentaria vence el 10 de agosto. 

 

En esta sección analizamos los procesos pendientes en las cortes estadounidenses con respecto a políticas migratorias, así como las más recientes decisiones que afectan el marco jurídico para las personas migrantes.

 

 

El 14 de julio de 2020, el Fiscal General de Estados Unidos, la última instancia administrativa en materia de migración, emitió una decisión que genera precedente que encoje el alcance de los criterios de elegibilidad para las dos formas de protección disponibles conforme la Convención contra la Tortura (CAT). Específicamente, la decisión en el Asunto de O-F-A-S- establece que la protección de la CAT solo está disponible cuando la tortura en cuestión sería a manos de un agente del Estado actuando en su capacidad oficial, y se excluye específicamente conducta de agentes que no actúen en conformidad con la ley. El caso surge de una solicitud de protección interpuesta por un hombre guatemalteco que había sufrido un ataque en su casa por parte de cinco hombres en uniformes policiales, quienes le abusaron, amenazaron y robaron. En la valoración de su solicitud, se determinó que estos cinco hombres o no eran policías o eran agentes actuando fuera del alance de la ley, y que, por lo tanto, el hombre solicitante no era eligible para la protección de la CAT.

Esta decisión administrativa busca restringir la posibilidad de protección bajo la CAT por vía de la jurisprudencia. También complementa la propuesta reglamentaria avanzada por el ejecutivo en junio de 2020, analizada en la edición de nuestro boletín correspondiente a dicho mes. En este sentido, se desprende una agenda concertada por parte de la institucionalidad estadounidense encaminada a cerrar la posibilidad de protección, facilitada por la falta de independencia de las instancias administrativas.

Como instancia final a nivel administrativo, las decisiones del Fiscal General son vinculantes para todas las cortes migratorias del país, a no ser que exista un precedente judicial contrario a nivel federal para una determinada jurisdicción.

4. Junta de Apelaciones Migratorias aprueba la aplicación de MPP a personas arrestadas en el lado estadounidense de la frontera

El 14 de julio, la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA, por sus siglas en inglés) emitió un nuevo precedente sobre la aplicación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés, o Quédate en México, por su nombre coloquial). En el Asunto de M-D-C-V, se determinó que una persona que ya había ingresado a territorio estadounidense, pero que fue arrestada menos de 60 metros al norte de la frontera con México, podría ser devuelta a México de acuerdo con el MPP. La persona solicitante había argumentado que la política no debía de ser aplicada en su caso, ya que ella no había solicitado dicha protección en la frontera, sino al encontrarse ya en territorio estadounidense. Aunque la BIA consideró que las disposiciones pertinentes eran ambiguas, se determinó que no se debe interpretar para limitar las prácticas del DHS en el marco del MPP.  

Con esta decisión, la BIA reafirma la intención del ejecutivo de aplicar el MPP y otras iniciativas restrictivas de forma amplia. Aunque esta decisión es vinculante para las cortes migratorias del país, ciertas cortes del sistema judicial federal han fallado en contra esta amplia implementación del MPP, y a nivel nacional, el litigio en contra el MPP avanza en las cortes. 

5. Juez Federal otorga suspensión provisional de nuevos criterios sobre ‘carga pública’ con base en las consecuencias de su implementación en el contexto de pandemia

En dos decisiones emitidas el 29 de julio de 2020 – una con respecto al DHS y otra con respecto al Departamento de Estado – un juez federal suspendió la implementación de los nuevos criterios para interpretar la causal de inadmisibilidad basada en la probabilidad de que una persona se vuelva ‘una carga pública’. Tal y como hemos descrito en ediciones anteriores de este boletín, los nuevos criterios introducidos en agosto de 2019 han sido el objeto de diversos procesos de litigio, llevando a una suspensión provisional con alcance nacional que, en enero de 2020, fue levantada por la Corte Suprema mientras se resuelve la cuestión de fondo. Tras el fallo de la Corte Suprema, el gobierno empezó a implementar los nuevos criterios, tanto al interno del país a través del DHS como en los consulados estadounidenses que forman parte del Departamento de Estado. Como señalamos anteriormente, una determinación de inadmisibilidad bajo estos criterios sirve para rechazar personas que aplican para ser admitidas a los Estados Unidos, bien sea a través de un proceso de visado en un consulado o cuando se presentan para admisión en la frontera (independientemente de si la persona posee la residencia estadounidense), y se extiende también a procesos de cambio de estatus migratorio (adjustment of status, en inglés) y solicitudes para residencia y otras categorías migratorias.   

Fue a partir de estos antecedentes que las organizaciones litigantes solicitaron una nueva suspensión provisional de la implementación de los criterios, señalando al juez que en el marco de la pandemia por el COVID-19, los nuevos criterios de ‘carga pública’ llevaron a muchas familias migrantes a evitar la atención médica y otros servicios públicos por miedo de enfrentar deportación y separación de sus familiares. Considerando que la situación había cambiado sustancialmente desde la decisión de la Corte Suprema en enero de 2020, el mismo juez federal de primera instancia dictó una suspensión provisional con alcance nacional, impidiendo que el DHS y los consulados pueden implementar estos criterios.  

 

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